¿De quién son las competencias de Inmigración?

El consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand Mohamed, ha tenido a bien devolvernos a los melillenses la Plaza de Toros, que venía sirviendo de acogida a personas que no tenían dónde pernoctar en la ciudad durante el confinamiento.

Sin embargo, tras el desalojo se han visto en la calle 70 adolescentes, mayores de edad, ex tutelados por la Ciudad Autónoma, que no pueden regresar a Marruecos porque su país mantiene las fronteras cerradas.

La decisión de Mohand, que nos alegra a todos los que aspiramos a volver a disfrutar (cuando se pueda) de espectáculos taurinos en la Mezquita del Toreo, pone sobre la mesa el eterno debate sobre de quién son las competencias de Inmigración: ¿del Estado o de las autonomías?

Se abre ahora un conflicto de competencias en el que, para variar, la Delegación del Gobierno (PSOE) se ha puesto de perfil.

Mientras tanto, la Consejería de Distritos (CpM) ha optado por asumir unas competencias, en mi opinión, impropias, pensando en el bienestar de los menores. Digamos que el problema se ha resuelto sin que Sabrina Moh haya tenido necesidad de pisar el lodo.

Vayamos por partes. En principio los migrantes mayores de edad que llegan a la ciudad son acogidos en el CETI, mientras se les tramita o bien el expediente de asilo o bien la orden de ingreso en un CIE de la península para su posterior repatriación o liberación (con el estatus de ilegal).

En este último caso, el migrante permanece en territorio español hasta que es detenido sin papeles en la calle y se le abre un nuevo expediente de expulsión ya que carecer de documentación es una falta grave, contemplada en la Ley de Extranjería 4/2000.

Por tanto, no hay dudas de que los extranjeros mayores de edad son competencia del Gobierno central. Sin embargo, a la hora de rascarse el bolsillo todo el mundo se va a por uvas.

En Moncloa entienden que la Ciudad es responsable de esos menores ex tutelados, cuando esta competencia ni siquiera la asumen las autonomías. Mucho menos le pueden endosar esta responsabilidad a una ciudad autónoma con estatus de ayuntamiento.

Hay precedentes. En la hemeroteca está la polémica que se montó en el Ayuntamiento de Cartagena ante la avalancha de pateras en sus costas. La Delegación del Gobierno quiso sacudirse el marrón y derivarlo al Gobierno regional y terminó tragándose el sapo.

En otras comunidades, cuando los menores tutelados, ya sean extranjeros o nacionales, cumplen la mayoría de edad, pasan a depender de la caridad de las ONG. No quedan bajo el paraguas de las autonomías.

Es cierto que los gobiernos autonómicos que más menores extranjeros no acompañados reciben, separan anualmente una partida para ayudar a las organizaciones no gubernamentales a prestar acogida a los ex tutelados.

Pero no a todos. Nunca hay dinero suficiente para todos y esa es una asignatura pendiente. Por un lado, acogemos a esos niños, en muchos casos, desde que son muy pequeños, los educamos, los formamos y cuando cumplen 18 los dejamos en la calle durmiendo debajo de un puente. Tiramos por la borda todo el dinero invertido en ellos.

En la práctica son los propios monitores que trabajan en los centros de acogida de menores los que se hacen cargo de algunos de esos niños que han criado como si fueran suyos hasta que ellos se pueden valer por sí mismos.

Desgraciadamente las plazas de las que disponen las ONG son limitadas y se priorizan los casos de los jóvenes que están estudiando y tiene la posibilidad de trabajar en cuanto terminen o que han demostrado mayor vulnerabilidad, por ejemplo, porque padecen algún tipo de enfermedad crónica.

Acoger a los adolescentes ex tutelados de la Plaza de Toros habla del buen corazón de los melillenses, pero sienta un precedente: estamos asumiendo competencias impropias, de la misma manera que queremos pagar el hospital modular con dinero de la Ciudad. ¿Por qué si dependemos del Ingesa, a la hora de construir un hospital tenemos que pagarlo nosotros?

El caso es que lo hacemos para resolver un problema que el Gobierno central no está en disposición de resolver. Asumimos esos gastos que no nos corresponden y si seguimos así, al final estamos invirtiendo dinero de todos los melillenses en asuntos que se deben asumir con dinero de todos los españoles. No es justo.