Autoridades de la Ciudad sostuvieron una reunión con los representantes de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), dentro del grupo de trabajo de la mesa de contratación pública. Este encuentro se produjo como consecuencia de un escrito que enviaron los empresarios para consultar sobre el estado de unas facturas que impagos de la Ciudad.
El consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Julio Liarte; acompañado del viceconsejero de Comercio, Transporte y Turismo, Jaime Bustillo, participaron en el encuentro, al que también asistió José Reyes, por la CEME y demás empresarios.
Liarte dijo que las deudas no corresponden a la Administración actual, sino que proceden de los ejercicios del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 “por unos volúmenes impresionantes”, de los cuales indicó, se sienten responsables de que se paguen a la mayor brevedad posible.
El titular de la cartera de Hacienda explicó que las facturas tienen expedientes diferentes. La “cuenta 413, Una es la famosa cuenta 413, en las cuales han entrado un volumen de facturas ligeramente superior al 1.200.000 euros, etc., que está ahora mismo sujeta a los trámites de una modificación de crédito. Hace falta la aprobación definitiva y después se va a poder proceder a los pagos, probablemente a final de este mes o principios del siguiente. Esas ya están recogidas, esas ya están solucionadas”.
No obstante, indicó que hay otras facturas “que simplemente aparecen en los registros electrónicos, que no han sido informadas, que carecen de crédito, que no están soportadas por ningún contrato, ni mercantil, ni de obras, ni de servicios ni de suministro”.
De acuerdo con Liarte, estás últimas implican, responsabilidades políticas “que alguien tendrá que asumir” y en segundo orden, remarcó que la Administración no puede tener un “enriquecimiento injusto”, pues si los servicios se han producido, las obras se han ejecutado, habrá que pagarlos.
De este segundo grupo de facturas aún no hay una fecha de pago. Liarte explicó que el Consejo de Gobierno le encargó redactar unas normas para ser aprobado en el ente, donde se creará un procedimiento para que ante reclamaciones de empresas, los empleados públicos tengan plazos fijados a fin de dar respuesta, así como que tengan la obligación de hacerlo.
Los retrasos en los impagos de un grupo de facturas, también se produjo porque no tenían soporte en algún crédito, “había a lo mejor una orden verbal y después se quedaban en un cajón hasta que son exigidas por los tribunales, porque nadie se quiere quedar sin cobrar, lógicamente”.
Sobre la propuesta de la CEME de que se apruebe a escala central un Reglamento que norme y establezca plazos para el pago de las facturas, así como sanciones para quien incumpla esta norma, Liarte aseveró que “aceptan todas las opiniones”.
Volvió a recordar que la mayoría de las facturas provienen de viejos ejercicios fiscales, tiempo en el que según Liarte, “no he escuchado ni una mosca”. Sin embargo, dijo que se congratulan y les alegra que a partir del cambio de Gobierno, el pasado 15 de junio, “hayan recuperado la voz que nunca debieron haber perdido y vengan aquí a exigir su legítimo derecho”.
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