Cinco meses de detenciones y registros por el fraccionamiento de contratos

Melilla vivió en la jornada de ayer un nuevo acto de la conocida como ‘Operación Ópera’. De nuevo se registraron dependencias municipales en busca de documentación y contratos. Se trata del último capítulo de un operativo que empezó hace cinco meses de igual modo que ayer, con la entrada de la Guardia Civil en el Palacio de la Asamblea y diversas consejerías.
¿Qué se investiga en la ‘Operación Ópera’? En resumen, el presunto fraccionamiento de contratos de obras y servicios para su adjudicación a empresas sin tener que convocar un concurso público. Todo comenzó en la mañana del jueves 12 de septiembre del pasado año, cuando la Policía Judicial, por orden del Juzgado Número 4 de Melilla, se personó en el Palacio de la Asamblea a las 10:00 horas para requisar documentación e incluso ordenadores de la Consejería de Medio Ambiente y de Presidencia, ante la mirada sorprendida de los funcionarios que en ese momento se encontraban trabajando. A lo largo de la jornada también se llevaron a cabo actuaciones en las dependencias de Fomento, Economía y Bienestar Social, así como en la empresa pública Emvismesa.
El presidente Juan José Imbroda señaló ese mismo día a los medios de comunicación que todo giraba en torno a un empresario de “medio pelo” y aseguró que la Ciudad Autónoma no tenía nada que ver con el asunto. Afirmó sentirse tranquilo y con las “manos limpias como el agua a chorros”.

La clave: Porvenir S.L.
¿En qué punto se inició la investigación de la Operación Ópera? Según el auto judicial, todo comenzó con el registro de la gestoría Gefisa de Melilla para la averiguación de un presunto delito de blanqueo de capital. Por la documentación incautada, se pensó que podría haber implicadas más partes. Así pues, la Guardia Civil comenzó a analizar toda la documentación requisada.
Se detectó que había pagos que iban a parar a la contabilidad de la constructora Porvenir S.L. El administrador único de esta empresa, Abdelkader Kasem Abdelkader, declaró a la Guardia Civil que su único cliente era la Ciudad Autónoma y que él mismo conseguía los contratos personalmente, indicando que los gestionaba con la Consejería de Medio Ambiente.  “No podían pasar de 30.000 euros”, afirmó a la Guardia Civil. Asimismo, explicó que a veces le hacían dos facturas para no tener que ir a subasta, siendo Ramón Gavilán y Carlos López Rueda las personas con las que contactaba en la Consejería
Prosiguiendo con la investigación, la Guardia Civil detectó que Abdelkader Kasem Abdelkader solamente había facturado con un cliente: La Ciudad Autónoma, durante los últimos siete años, en los que tuvo hasta tres empresas.
Kasem fue detenido e ingresado en prisión el sábado 14 de septiembre del pasado año, un día después de los registros en las dependencias municipales.

Las ramificaciones de la Ópera
De forma paralela, en el auto judicial del caso se destacaba la investigación sobre el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig por la “financiación activa” entre él y su cónyuge, Ángela Retamar, de una empresa a la que se adjudicaron contratos públicos por valor de unos 340.000 euros. La Guardia Civil también seguía de cerca su relación con empresas como Hormeco e Inarme, en las que tenía “participación activa” cuando era director general de Medio Ambiente.
Por otro lado, el ex consejero de dicha área, Ramón Gavilán, era investigado por un posible delito de tráfico de divisas y el director general, José Pastor Pineda, por supuestas inversiones que realizó en Luxemburgo en el año 2010.
En el auto no se mencionaba que los sospechosos estuvieran imputados, pero se recalcaba que los presuntos delitos investigados eran prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y falsedad documental e indicios de blanqueo de capitales .

Cargos públicos detenidos
Tras los registros y el arresto de Abdelkader Kasem, transcurrieron varias semanas de incertidumbre y sin novedades sobre la ‘Operación Ópera’. El 18 de octubre, el operativo volvía a ser noticia con la detención por parte de la Guardia Civil de Pérez Calabuig, José Pastor, el funcionario Carlos López Rueda y el interventor de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero. Por otro lado, Gavilán fue llamado a declarar como imputado no detenido, pero se encontraba fuera de Melilla.
Los detenidos prestaron declaración hasta las 23:00 horas y salieron en libertad con cargos y sin fianza. Además, se les aplicaron medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica en los juzgados de Melilla. Éstas también se le impusieron a Gavilán.
Ese mismo día, 18 de octubre de 2013, fueron imputados el ex titular de Fomento, Rafael Marín, el consejero de Economía, Daniel Conesa, y el secretario general de la Asamblea, José Antonio Jiménez Villoslada, y tres funcionarios más de la Ciudad Autónoma.
Pocos días después, en concreto el martes 22 de octubre, Abdelkader Kasem salió en libertad después de 40 días en el Centro Penitenciario de Melilla. Se le aplicaron las mismas medidas cautelares que al resto de detenidos.
Por otro lado, el 25 de octubre se llevaron a cabo más registros, en esta ocasión en las dependencias de Seguridad Ciudadana, para buscar documentación y contratos adjudicados por dicha consejería.

Gavilán, sin medidas cautelares
Hasta ayer, la última novedad de la ‘Operación Ópera’ tuvo lugar el pasado 10 de febrero, cuando la Audiencia Provincial de Málaga decidió levantar las medidas cautelares impuestas a Ramón Gavilán, consistentes en la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica en los juzgados. El tribunal consideró éstas no estaban lo suficientemente justificadas por el Juzgado Número 4 de Melilla.