La Comisión Islámica de Melilla (CIM) ha solicitado a la Administración central que paralice todos los procesos de expulsión de personas que no tienen documentación para que se puedan analizar bien los casos. Y es que la entidad ha realizado un estudio recopilando datos e información de personas que carecen de residencia legal en España. Han recogido más de 2.000 casos y han establecido una serie de problemas comunes que padece esta población.
Además de pedir la paralización de las expulsiones, se demandan varias cuestiones más a raíz de este análisis. En este sentido, se indica que se debe proteger también la integridad de la familia y regularizar a los miembros de una familia que no estén documentados; la escolarización de los menores en los centros educativos; la universalidad plena de la atención sanitaria a través de un programa específico para el residente en situación irregular; garantizar el derecho del ejercicio de la práctica religiosa de la comunidad musulmana de Melilla porque los imanes de la ciudad no tiene residencia; y facilitar la residencia a todos los trabajadores transfronterizos que tienen estancia en la ciudad y demuestren su arraigo sin importar el tiempo de su contrato.
La CIM también ha asegurado que lo que se ha hecho es recopilar información para hacer un estudio sobre una realidad que se conoce que hay en la ciudad. Subrayó que en ningún caso se ha tramitado documentación o se ha dicho a las personas que acudían a su oficina de atención al ciudadano que se les fuera a arreglar su documentación porque no era el objetivo de este proyecto social desarrollado.
Además, lamentó que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no haya querido recibir a la CIM para abordar este asunto. Se subrayó que se ha enviado peticiones telemáticas y a través de los trabajadores.
También se ha enviado cuatro cartas al Ministerio del Interior para hablar de este asunto porque la CIM cree que se debe buscar una solución para las decenas de personas afectadas por esta situación.
El objetivo de la entidad es enviar este informe al Parlamento, mantener reuniones con todos los partidos de la ciudad para darle a conocer esta información y llegar también, si es preciso, al Defensor del Pueblo con esta documentación.
Además, la CIM ha solicitado un informe jurídico a un gabinete de abogados para conocer hasta dónde puede llegar a nivel legal en este asunto como una entidad religiosa que es.
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