El proyecto que se aprobará mañana contempla sanciones de 30.000 euros por insultar a un policía.
Los sindicatos policiales CEP y UFP de Melilla consideran que las multas que contempla el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que previsiblemente aprobará mañana el Consejo de Ministros, son “excesivas”. Se refieren, sobre todo, a las sanciones de hasta 30.000 euros que podrían caerle a quien insulte a un policía o a los ‘multazos’ de entre 30.001 y 600.000 euros que está previsto imponer a las personas que se concentren a las puertas del Congreso de los Diputados.
“Está muy bien que se contemplen multas, porque la gente tiene que entender que los policías sólo cumplimos órdenes. Detrás de la figura de un agente está la orden de un político. Por eso nos parece mal que estemos intentando controlar una manifestación y que nos identifiquen, que sepan dónde vivimos y quiénes son nuestros familiares”, apuntó Enrique Travieso, de la Confederación Española de Policía en la ciudad.
Pero incluso con los ojos puestos en el fin que persigue, al representante del CEP le parecen exageradas las multas de 30.000 euros por insultar a un policía. “Habría que ver la cantidad que se impone. No se trata sólo de recaudar. Si la sanción es efectiva y clara, la persona infractora espabila”, insistió.
En este punto, Travieso aclara que hasta ahora, la Ley Corcuera (aún vigente) contempla como delito el atentado contra la autoridad y lo que cambia con la futura Ley Fernández (en honor del ministro que la promueve, Jorge Fernández Díaz) es que los insultos a la Policía pasan a ser una falta administrativa que se resuelve con multas.
José Guerrero, portavoz de la UFP en Melilla, suscribe todas las declaraciones de Travieso y aclara que él no centraría el debate en de cuánto deben ser las multas sino en que éstas deben ponerse sea cual sea la cuantía que se decida. “A nosotros todo lo que sea ley y orden nos gusta porque por eso somos policías. La Ley Corcuera reguló muchos aspectos que nunca se han aplicado. Si haces una ley y luego no la aplicas, no tiene validez de ningún tipo”, lamentó.
Para Guerrero este proyecto de ley de Seguridad Ciudadana “es un escaparate para que la gente vea que en el Gobierno están haciendo las cosas más o menos bien”, señaló.
Por otra parte, tanto CEP como UFP están de acuerdo “en que se modifique la Ley Corcuera y que se contemplen multas para los padres de menores que que hacen gamberradas como destrozar el mobiliario urbano”, apuntó Enrique Travieso.
Tendría que pagar la Ciudad
El portavoz del CEP cree que este cambio en la legislación afectaría directamente a Melilla. Travieso ve un gran problema para la Ciudad Autónoma, que tiene tutelados cerca de 250 menores no acompañados (150 en La Purísima, 30 niñas en Divina Infantita y más de 70 niños en el Centro Asistencial). “El Gobierno de Melilla tendría que asumir, con el dinero de todos, las multas que le pongan por los destrozos que provoquen los niños que tiene bajo su protección”, destacó el líder sindical.
También afectarían a Melilla las sanciones previstas para las prostitutas que ejercen en la calle y para los clientes de éstas. “En la ciudad tenemos cuatro focos de prostitución. Están en el polígono del Sepes, la calle de La Legión, Jiménez Iglesias y Ejército Español, cerca de la parada de taxis”, comentó el responsable del CEP.
Es evidente que CEP y UFP tienen sus reservas respecto al anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana. Ambas formaciones saben que se trata de una propuesta que puede ser modificado durante su tramitación en el Congreso. Quizás entonces se salven algunas de las lagunas que, a priori, han detectado ambas formaciones sindicales. “¿Qué pasa si la persona que insulta a un policía no vive en España? ¿Por ejemplo en Melilla, si es marroquí? ¿Lo detenemos o le ponermos una multa de 30.000 euros, que sabemos que no podrá pagar?” se peguntan.
Quizás por estas “lagunas”, el representante del SUP en Melilla, Jesús Ruiz Barranco, prefiere ser cauto. “Estoy siguiendo el tema por Twitter. Es un borrador y quiero verlo antes de opinar a fondo. La nueva ley contempla muchas cosas que nos benefician y otras que nos pueden perjudicar”, dijo.
El SUP recela de la desprotección a los policías
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reconoce que con el nuevo proyecto de ley de Seguridad Ciudadana el Gobierno “ha hecho un esfuerzo por dotar de una mayor protección a los policías”. Sin embargo asegura que hay determinados puntos que no están muy claros, como el que propone penalizar severamente las agresiones e insultos a la Policía. “Si es así, por qué se sacan del Código Penal y se trasladan a infracciones administrativas?”, se pregunta el sindicato.
También admite el SUP que hasta ahora las actitudes violentas hacia la Policía que se consideraban delito “no llegaban jamás a sustentarse en algo concreto”. Por eso se pregunta cómo se garantizará que siendo infracciones administrativas éstas vayan a ser más efectivas. El SUP se pregunta además, cómo garantizará la Administración el pago de esas multas y la indemnización al policía agredido, en caso de que el agresor sea insolvente.
El PSOE nacional no apoyará una Ley “antidemocrática”
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha tachado el anunciado anteproyecto de Seguridad Ciudadana de iniciativa de “represión ciudadana” impropia de un sistema democrático.
El Gobierno analizará en el Consejo de Ministros de mañana el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que perseguirá los escraches, la quema de contenedores o las manifestaciones ante instituciones como el Congreso.
Rodríguez ha acusado al Gobierno de pretender “castigar” a los ciudadanos por conductas que los jueces no consideran delictivas ni están contempladas en el Código Penal.
El PSOE ha adelantado que no apoyará la ley. “Que el PP no cuente con nosotros para nada. Sólo tendrá enfrente la oposición clara y rotunda del PSOE”.
