La CEME, a la espera del decreto de bonificación del transporte de mercancías

La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) recordó este miércoles que lleva meses a la espera de una respuesta del Gobierno de la Ciudad y de la Delegación del Gobierno al borrador con las medidas para sacar adelante el Real Decreto y poner en marcha las bonificaciones al transporte de mercancías.

La patronal ha tomado nota de la información publicada por El Faro en el sentido de que el Gobierno central  ha incluido en los próximos Presupuestos Generales del Estado 2022 la bonificación del transporte de mercancías en Melilla y Ceuta.

En el documento se especifica que la medida “deberá desarrollarse reglamentariamente, en la que se está actualmente trabajando” y es algo que no avanza desde 2017.

Bajo el título de "Proyecto de Real Decreto por el que se regula la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen y destino en Melilla y Ceuta",  la CEME recuerda que "la extra peninsularidad de Melilla, su escaso territorio y la escasez de recursos propios conforman una realidad objetiva que no solo equipara sus desequilibrios a los de las regiones insulares sino que son aún más graves como puede comprobarse con las cifras del PIB, las tasas de paro - en especial, la de los jóvenes menores de 25 años- y a lo que se añade la asfixia a la actividad comercial que viene realizando Marruecos, especialmente, desde el 1o de agosto de 2018 que decidió unilateralmente prohibir las importaciones a través de la Aduana terrestre de Melilla, y que deben ser contrarrestados mediante la acción del Estado".

La entidad advierte de que si bien Melilla y Ceuta son regiones extra peninsulares, a las que

no es aplicable la condición de insularidad, la Comisión Europea, en determinadas ocasiones, ha reconocido que ambas ciudades autónomas atraviesan dificultades análogas a las de las regiones insulares.

El artículo 2, d) del Reglamento 3577/92 del Consejo de 7 de diciembre de 1.992 manifiesta que

“Ceuta y Melilla serán tratadas de la misma manera que los puertos de las islas”.

Qué será materia de bonificación?

Según la CEME, entre los productos objeto de compensación estarían los originarios o transformados en Melilla, las materias primas y productos intermedios necesarios para la producción de los anteriores, siempre que no se fabriquen en Melilla (esto por la simple razón de que en Melilla no existen materias primas de ninguna clase, ni de origen animal, vegetal o mineral por lo que se requiere importarlos para poder fabricar cualquier producto final.

También comprende el petróleo y sus derivados, los residuos no procesables ni reciclables, y la mercancía en stock proveniente de importaciones realizadas en Melilla. Además, considera bonificar a los productos alimenticios de primera necesidad, y los destinados para alimentación del ganado.

En su propuesta la CEME expone reglas relativas al origen y transformación de las mercancías cuyo

transporte se compensa, los costes subvencionables, las limitaciones porcentuales, las condiciones subjetivas de las bonificaciones, la documentación justificativa de los transportes realizados y del pago, así como  la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

La senadora por Melilla, Sofía Acedo, precisó a El Faro que habría que desarrollar el Real Decreto y ponerlo en marcha para que se establezcan las bonificaciones en las mercancías y la naturaleza de las mismas.

“Esto es, si se bonificarían todas o sólo las de una naturaleza determinada. También se determinaría la cantidad en función del sistema de bonificación, si fuese por flete u otro sistema”, explica la senadora.

Así pues, hasta que no se acuerden todos estos puntos, es difícil hacer una previsión presupuestaria, señala Acedo.

Uno de los puntos por cerrar es hasta dónde financiar el acarreo de productos. En 2017 se acordó aumentar el porcentaje máximo de compensación en 30 puntos porcentuales lo que, junto con la declaración de los créditos aplicables como ampliables, permite compensar a partir de 2018 hasta el 100% de los costes en Canarias y hasta el 65% en Baleares.

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