CC.OO. teme que haya empresarios que opten por tener transfronterizos en negro

A nivel laboral, la repercusión que han tenido estos tres meses de frontera abierta “ha sido mínima”, explica a El Faro Francisco López, secretario general de CC.OO. de Melilla.

Y el procedimiento que están exigiendo desde Delegación del Gobierno para que se puedan contratar trabajadores transfronterizos se traduce en que no haya una gran cantidad de permisos otorgados.

“La repercusión está siendo mínima por la exigencia de la documentación y por la cuestión de que el empresario tiene que estar a favor de que vuelva a ese trabajador”, explica López.

Durante el cierre de la frontera y dada la incertidumbre acerca de la fecha de la reapertura, muchos empresarios y hosteleros contrataron melillenses para las vacantes que habían dejado los trabajadores transfronterizos que se quedaron al otro lado de la frontera.

La ley, explica López, da preferencia a los empleados de nacionalidad española. Señala que despedirlos para contratar a marroquíes “sería ilegal”, ya que la legislación vigente establece que si hay un solicitante o trabajador español en una categoría no se puede contratar a un transfronterizo en su lugar.

Hasta ahora, solo se podía proceder a la renovación de aquellos empleados marroquíes que ya tenían permiso. A partir del 1 de septiembre se podrá solicitar la contratación de trabajadores transfronterizos nuevos.

Desde CC.OO. estiman que la repercusión será mínima porque se exigen requisitos como la contratación a jornada completa con el salario mínimo interprofesional más el precio que tiene o el coste que tiene en arreglar los papeles. Por lo tanto, sería difícil alcanzar los números de contrataciones anteriores a la pandemia.

Uno de los problemas que López piensa que puede derivar de este escenario es que aumente el número de trabajadores sin papeles en la ciudad. “Que vengan sin contrato, que trabajen sin contrato y que se produzca una llegada de esos trabajadores que los empresarios, dado el coste de contratar, opten por empleados ilegales”. Esto, explica López, supondría un perjuicio tanto para las arcas públicas de Estado como para las de Melilla.

La solución a este problema, señala, sería modificar la legislación para modificar cuestiones como que la renovación del permiso se obligatoriamente cada año. “Debería buscarse la fórmula que había antiguamente que daba más tiempo al contrato en la ciudad”.

De esa forma se evitaría que los trabajadores tuvieran que renovar su permiso cada año y en caso de que se terminase la relación laboral, López recalca que gracias a las nuevas tecnologías se le podría dar de baja de inmediato al trabajador en la Seguridad Social. “Con eso no podrían pasar la frontera”.

Señala que antes del cierre de la frontera había unos 6.000 permisos de trabajo y cruzaban 25.000 personas al día. Añade que hay empresarios que han sido detenidos por explotar y tener de forma irregular a trabajadores y es por ello que argumenta que la norma, tal y como está escrita, favorecería este tipo de delitos contra os trabajadores.

Para cuando aumente el flujo de personas en la frontera, López piensa que debería de reforzarse Inspección de Trabajo para evitar que se vulneren los derechos laborales.

No cree que la norma que se ha puesto en marcha sea una traba, sino que se está cumpliendo la ley tal y como está marcado y que Extranjería exige que se siga.

Es por ello que López piensa que la situación iría mejor si los trabajadores transfronterizos se considerasen como los inmigrantes y que así se les pudiera hacer un contrato de indefinido y aplicarles la última reforma laboral.