Caso Abogados: Garbín declara que toda su actuación fue “legal desde el primer momento”

• Ayer comenzó la práctica de la prueba con el testimonio de la exconsejera de Bienestar Social. Afirmó que el aumento de competencias de la consejería obligaba a gestionar “en el momento” la contratación de letrados

Ayer comenzó la práctica de la prueba del juicio por el ‘caso Abogados’, en el que se acusa a María Antonia Garbín, quien fue consejera de Bienestar Social entre 2003 y 2015, de la supuesta contratación irregular de cuatro letrados externos a la Administración local. Junto a Garbín hay otros 12 inculpados. Cuatro de ellos son los letrados presuntamente contratados de forma ilegal y los otros ocho, funcionarios de Bienestar Social. En su declaración ante el juez, Garbín afirmó que toda su actuación fue “legal desde el primer momento”.

Garbín anunció que respondería a las preguntas del Ministerio Fiscal y a los abogados de la defensa, pero no a las del letrado de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que ejerce la acusación popular en este proceso.

“Temas muy específicos”

A preguntas de la fiscal, Garbín manifestó que contrató como consejera a los cuatro abogados que han motivado este juicio. Afirmó que “no los conocía de antes” y que su relación fue “estrictamente profesional”. La razón de su contratación radicaba en que debían dedicarse a “temas muy específicos” y se valoraba que tuvieran “experiencia en casos de menores”, así como que  hubieran recibido “cursos y seminarios”.

También señaló que ella no estaba presente en el momento de la formalización de los contratos, pero que sí “los leía” y estampaba su firma en los mismos.

Necesidades en la consejería

La exconsejera de Bienestar Social, quien actualmente es portavoz del PP en la Asamblea, indicó que cuando estaba al frente de Bienestar Social “había una gran necesidad” de contratar letrados ante el aumento de competencias del área. “Si no lo gestionábamos en el momento, podía haber problemas importantes”, destacó.

Cuando la fiscal le preguntó el motivo de que “desde 2003” se contratara siempre “a los mismos abogados”, Garbín replicó que “nunca se cuestionó la legalidad de los contratos”. También apuntó que no se podía estar “cambiando a los jurídicos” (los letrados externos a la Administración) de forma continua, al ser ellos quienes habían llevado los casos.

“Gran volumen de trabajo”

Garbín declaró asimismo que en 2005, ante el “gran volumen” de trabajo que había en su área, solicitó a la Consejería de Administraciones  Públicas “tres plazas de jurídicos”. Se refería a que la Ciudad creara esos puestos de funcionarios. “No se crearon esas plazas, pero eran y siguen siendo necesarias”, aseveró.

De esta forma, se estuvo contratando a letrados externos durante su mandato, aunque especificó que se les contrataba “por cuatro o seis meses” porque se contaba con que la Ciudad finalmente creara esos puestos, algo que no se ha llevado a cabo. De ahí que se fueran celebrando nuevos contratos por el mismo tiempo.

Garbín insistió en que “eran más económicos” los abogados externos “hasta que se cubrieran las plazas”. “En 10 años, ahorramos un millón de euros a la Ciudad”, aseguró la acusada.

Fraccionamiento ilegal

La fiscal le dijo que tanto el interventor como un informe de la Guardia Civil afirmaban que se había hecho “fraccionamiento de contratos”, algo prohibido por la legislación vigente. La exconsejera se limitó a responder que no había tal fraccionamiento.

El juez intervino para preguntarle “por qué, sabiendo que no se iban a cubrir las plazas (de letrados de la Administración) no hacían contratos de un año en vez de cuatro o seis meses?”. Garbín manifestó que tanto ella como los técnicos de Bienestar Social pensaban que esas plazas “se podían convocar en cualquier momento”.

Tribunal de Cuentas

Uno de los abogados de la defensa le preguntó si “el Tribunal de Cuentas” en algún año le hizo “alguna advertencia de ilegalidad o cuestionó la contratación”. “Nunca”, replicó Garbín.

Aparte, su letrada personal quiso saber si la Inspección de Trabajo “examinó los contratos” firmados con los cuatro abogados. Según Garbín, ese órgano sí lo hizo y “no procedió contra los mismos”.