Cambios para empadronarse

LAS vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, nos coló el sábado un golazo por toda la escuadra. El 2 de mayo, fiesta en Madrid, y primer día de salida a la calle de millones de españoles tras 6 semanas de confinamiento, publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución aprobada por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 17 de febrero, que modifica algunas reglas del empadronamiento en nuestro país… excepto en las ciudades fronterizas. O sea, que en principio no nos afecta.

El BOE viene a decir que podrán empadronarse las personas sin hogar o que vivan en “chabolas, caravanas o cuevas” y demás infraviviendas. En la práctica, las autonomías ya admiten censar a los sin techo y a personas en riesgo severo de exclusión en edificios pertenecientes a los Servicios Sociales municipales para garantizar que, de esta forma, puedan tener acceso a ayudas como la Renta Mínima de Inserción o Renta Básica de Inserción (unos 400 euros para los españoles o residentes legales en España que no perciben ningún otro ingreso). En principio los nuevos cambios no afectan a la concesión del Ingreso Melillense de Inserción (IMI), que en febrero pasado se dijo que aumentaría hasta los 850 euros.

Esa flexibilidad que ya tenían los servicios sociales de atención primaria queda reafirmada por la resolución publicada el sábado en el BOE. Esto traerá un incremento de la demanda de lo que algunas autonomías reconocen como derecho subjetivo: la ayuda te toca sí o sí siempre que cumplas los requisitos y, por tanto, puedes reclamarla en los juzgados.

Evidentemente también aumentará el número de solicitudes de subvenciones que exigen empadronamiento y a las que hasta ahora parte de la población ‘invisible’ no podía acceder. Pero ojo: la buena nueva llega coincidiendo con la crisis del coronavirus.

Aunque muchos no se han dado por enterados, quienes siguen el BOE como si fuera la Biblia, el Corán o la Torá, repararon en el supuesto jarabe de zapatillas que nos estaba suministrando la ministra Calvo y se encargaron de difundir la información principalmente a través de WhatsApp. Cundió el pánico.

Inmediatamente se desató el terror entre melillenses que entienden que las prestaciones económicas o el derecho a la educación en España no deben ser café para todos. El motivo no es otro que este artículo 3.3 de la resolución que el Ministerio de Presidencia publicó el sábado con nocturnidad y alevosía, que, si se aplicara en Melilla, acabaría con la controversia que se da cada inicio de curso en nuestra ciudad con las listas de admitidos a los colegios, en las que siempre se quedan fuera menores cuyos padres no están empadronados. El miedo de algunos estaba justificado. Si esta resolución publicada en el BOE nos afectara, esas familias se podrían censar aunque vivan debajo de un banco de la Plaza de España. Pero no. Que no cunda el pánico.

Es cierto que el caso de nuestra ciudad está sujeto a requisitos especiales, regulados en el artículo 2.1 de la resolución, que establece que los extranjeros (entiéndase en nuestro caso, marroquíes) que entren en España (o sea, en Melilla) en virtud de un Tratado o Acuerdo Internacional (Tratado de Buena Vecindad con Marruecos), están obligados a presentar visado, como se viene haciendo hasta el día de hoy. O sea, que, en teoría no cambia nada para las dos ciudades autónomas.

No obstante, los ayuntamientos están obligados a estimar o desestimar la inscripción en el padrón municipal de todos aquellos que lo soliciten o de lo contrario el silencio administrativo se interpretará como una respuesta positiva y la persona quedará automáticamente empadronada. Y ahí ya preocupa un poco, en caso de que este artículo sea aplicable a Melilla. Si los servicios municipales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad van hasta arriba y a día de hoy no han podido controlar el desmadre que tenemos con los empadronamientos en nuestra ciudad, difícilmente podamos librarnos del previsible incremento del número de personas que logren censarse a través del silencio positivo.

¿Se abre la puerta a un efecto llamada de marroquíes a nuestra ciudad? Quien inventa la ley, inventa la trampa. Habrá que ver cómo reaccionan el mercado negro y las redes de trata de personas a esta nueva normativa, que repito, en teoría no nos afecta. Todos sabemos que el paso más difícil que tienen los marroquíes que quieren empadronarse en Melilla para acceder, con el tiempo, al permiso de residencia es el certificado del padrón por el que llegan a pagar ingentes cantidades de dinero.

Están por ver las consecuencias que traerán para las maltrechas arcas públicas españolas el reconocimiento de la población invisible, que evidentemente es la más pobre entre los pobres. De ahí que en muchas comunidades autónomas ayer lunes hayan saltado las alarmas porque en medio de una crisis económica brutal derivada del parón forzado de la economía para frenar el contagio del coronavirus, verán incrementado el padrón con personas susceptibles de recibir las ayudas que ofrecen los servicios sociales.

La iniciativa lleva el ADN socialista, aunque pueda sospecharse la sombra de Podemos en ella. No es la primera vez que el PSOE anuncia una medida justa, con la condición de que invita el Gobierno central y pagan las comunidades autónomas. Pasó, por ejemplo, con la Ley de Dependencia. ¿Es justa? Sí, pero se dijo que el Estado y las autonomías correrían con los gastos al 50% cada uno y la práctica ha demostrado que son las comunidades las que asumen hasta el 80% del costo de ésta. Y eso, en un escenario de crisis, y sin que aún se haya negociado un reparto justo de la financiación autonómica, deja caer el peso del Estado de Bienestar sobre el eslabón más débil de la cadena.

Yo soy de las que cree que la socialdemocracia tiene la capacidad y el mérito de corregir los desajustes económicos que deja la creación de riqueza incuestionable del liberalismo, pero también creo que ayuntamientos y gobiernos autonómicos soportan una carga muy superior de la que deberían. Esta resolución del INE podría ayudar a incrementar la presión financiera porque obliga a reconocer cuántas personas residen de verdad en cada ciudad. Presiento que nos vamos a llevar una sorpresa descomunal que gustará a todos menos a quien tenga que pagar.