“C’s no logrará nada al criminalizar la acción política del Gobierno”

El Partido Popular considera "un error" llevar ante los juzgados el nombramiento de la directora gerente del Instituto de las Culturas, cargo que recae en María del Carmen Pardo, como pretende Ciudadanos, y lamenta que para ese partido político "éste sea su concepto de la nueva política".

En una nota de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Melilla, Daniel Conesa, respondió así a las acusaciones del portavoz de Ciudadanos, Eduardo de Castro, sobre las decisiones adoptadas en el Consejo Rector del Instituto de las Culturas y más en concreto, del nombramiento de su nuevo gerente.
Conesa está convencido de que "Ciudadanos no conseguirá nada queriendo criminalizar la acción del Gobierno de la Ciudad", en este caso a través de la Presidencia del Instituto de las Culturas y la que ha sido la contratación de la directora gerente de este órgano, Pardo.
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea melillense recordó que "los nombramientos en el seno del Instituto de las Culturas corren a cargo de su Consejo Rector, en el que toman parte todos los partidos políticos con representación en la Asamblea, incluido Ciudadanos, que se abstuvo en el nombramiento de la gerente hace varios meses”, manifestó el político popular.
Conesa dijo no entender cómo Ciudadanos eleva ahora a la Fiscalía esta decisión porque si no estaba de acuerdo, "debería haber votado en contra de ese nombramiento" en su momento.
A juicio del portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, la decisión de Ciudadanos tiene como objetivo "seguir con la judicialización de asuntos meramente administrativos, sin más ánimo que el de crear una opinión desfavorable a las prácticas del Gobierno de la ciudad".

Octubre
La polémica sobre este asunto se remonta al pasado mes de octubre, cuando la formación naranja presentó ante la Fiscalía una denuncia por “presunta prevaricación” cometida en la contratación de María del Carmen Pardo como directora gerente del Instituto de las Culturas.
Sin embargo, ha sido en estos últimos días cuando la situación ha alcanzado su punto más algido. Así, el pasado viernes, el coordinador de C’s Melilla, Eduardo de Castro, informó en un comunidado que pedirán la dimisión de la presidenta de dicho instituto, Paz Velázquez, si la resolución judicial resulta favorable. Asimismo, si se da ese caso, exigirán responsabilidades al presidente Imbroda.
De Castro defendió que la única voluntad de Ciudadanos es que “se aplique la ley y trabajar por la transparencia y la legalidad, ya que de incurrir en una irregularidad, habría que revisar las iniciativas realizadas y las retribuciones obtenidas indebidamente por el ejercicio de su cargo”.
Por ello señaló que “nadie busque historias personalistas ni manías contra nadie”. “Si en lugar de esta consejera hubiera sido otra, haríamos exactamente lo mismo”, señaló.
Precisamente sobre esta cuestión de posible inquina en la persona de Paz Velázquez, la consejera de Presidencia de la Ciudad Autónoma afirmó el domingo que “la obsesión de Eduardo de Castro casi llega a rozar lo patológico y lo enfermizo tanto con mi persona como con PPL y el Instituto de las Culturas, que es el organismo autónomo que presido”.

Velázquez
La presidenta del Instituto de las Culturas aseguró que la denuncia presentada por el dirigente de C’s es “totalmente política, partidista y sin ningún fundamento jurídico”. Se defendió explicando que había  dicho “por activa y por pasiva” que el nombramiento de la directora gerente de la entidad que preside es “perfectamente legal”.  
Para la consejera, lo que Eduardo de Castro pretende con la denuncia es “romper el pacto” entre PP y PPL “para poder entrar él en el Gobierno”.
La responsabilidad de las posibles irregularidades en el Instituto de la Cultura, que recaerían en Velázquez, según plantea De Castro, “evidencian la osadía y desconocimiento de la presidenta acerca de los procedimientos de contratación de personal directivo del Instituto, ya que sin haber constituido la Comisión Ejecutiva ni disponer de los informes favorables de Administraciones Públicas y los requisitos profesionales de la interesada, dio luz verde a la contratación”.