La política de externalización y blindaje de fronteras de la Unión Europea y España ha provocado que Marruecos deje de ser un país de tránsito y se convierta en un destino forzado. Así lo indica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su último informe. Señala que hay que tener en cuenta que se trata de un país en el que no está garantizado el respeto a los derechos humanos ni una adecuada protección a las personas migrantes y refugiadas y que éstas están atrapadas en una situación de “absoluta indefensión y desprotección”.
CEAR apunta que el país vecino tiene un marco normativo insuficiente. Indica que la represión y persecución por parte de las autoridades marroquíes hacia las personas migrantes ha existido siempre en Marruecos. Indica que se produce el desalojo de forma violenta de los campamentos en el monte Gurugú cerca de la frontera con nuestra ciudad y en el campamento de la Oujda, así como redadas en Nador y alrededores y desamparo en el campamento improvisado de Fez. “En el marco de estas operaciones, al menos 1.200 personas fueron detenidas arbitrariamente en la región de Nador y al menos 800 fueron conducidas a centros de retención improvisados en dieciocho ciudades de Marruecos, a donde fueron trasladadas en autobuses. Entre ellas se encontraban menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo y personas que habían presentado su solicitud al proceso de regularización, pero no habían recibido respuesta”.
El informe pone el acento en la situación del colectivo LGTBI y los niños no acompañados que están en el país vecino. Señala que las personas LGTBI son rechazadas y discriminadas al existir en la sociedad marroquí muchos prejuicios en la relación con la diversidad sexual. ACNUR considera que estas personas pueden ser refugiadas y recuerda que el Código Penal marroquí penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con penas privativas de libertad de seis meses a tres años. Lamenta que no tienen ninguna posibilidad de integración en el país vecino.
En cuanto a los menores, señala que son muchos y que hay más hombres que mujeres. Indica que cada vez son más jóvenes y que no existe una ley o protocolo de actuación que regule su situación. Indica que entre los menores puede haber niñas víctimas de trata no identificadas. Señala que ni Marruecos, ni España, ni Francia identifican a estos chicos, lo que permite que puedan ser explotados tanto en estos tres países como en otros de la Unión Europea con total impunidad. Indica que hay algunos centros para menores, pero los estándares de calidad son muy bajos.
En cuanto a la situación de los subsaharianos, indica que la discriminación hacia estas personas no ha cesado en Marruecos. Asegura que persiste la violencia hacia ellos, así como las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. Señala que en el caso de Nador se han documentado a lo largo del 2017 graves episodios de violencia, detenciones y desplazamientos involuntarios de personas migrantes a otras zonas del país.
El último informe sobre inmigración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) indica que el descenso de llegadas a nuestro país a través de Melilla y Ceuta a partir de 2016 y el incremento de las llegadas a través del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán evidencian que los obstáculos existentes a la hora de atravesar la frontera contribuyen a la apertura de nuevas rutas más peligrosas. Señala que cada vez son más numerosas las entradas de embarcaciones muy precarias y sobreocupadas. Apunta que el refuerzo en las vallas de las dos ciudades autónomas es una de las causas de que hayan aumentado las llegadas por mar. Indica que las principales rutas son entre Nador y Almería y de Cabo Espartel a Tarifa, en el caso de los subsaharianos y de Ashila a Barbate, cuando los que optan por esta vía son principalmente ciudadanos marroquíes.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) asegura que los factores que han provocado el incremento de llegadas de inmigrantes a nuestras costas van a continuar por lo que es necesario que el Gobierno central elabore de forma urgente un plan de acción a nivel estatal que cuente con un protocolo para unificar la actuación ante la llegada de personas migrantes y refugiadas a costas españolas, y dar así respuesta a una situación “ante la que no se puede seguir improvisando”. Recalca que la frontera sur española tiene que dejar de ser un limbo en el que se desvanecen los derechos. “La posibilidad de solicitar asilo para las personas que huyen no puede depender del puerto al que se llegue”, indicó ayer la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, durante la presentación del último informe de la entidad.
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