Blas Imbroda ve “motivaciones políticas espurias” en la acusación

• El letrado, uno de los seis de la defensa, considera que ALA “criminaliza el Derecho Administrativo”

El decano del Colegio de Abogados de Melilla (Icame), Blas Jesús Imbroda, es uno de los seis letrados que ejercen la defensa de los 14 acusados en el ‘caso Abogados’. Imbroda afirmó en las cuestiones previas de este juicio que la acusación popular, ejercida por la Asociación Libre de Abogados (ALA), tiene “motivaciones políticas espurias” al haber presentado la denuncia.

El máximo responsable del Icame añadió que la acusación popular pretende “criminalizar el Derecho Administrativo”.

Blas Imbroda defiende a una abogada que forma parte de los cuatro letrados que fueron contratados por la Consejería de Bienestar Social, supuestamente sin que se respetaran los procedimientos administrativos establecidos. Subrayó que a su representada (ni a los otros tres abogados)  “no la acusa el Ministerio Fiscal, sino la ALA.

‘Doctrina Botín’

Así, el decano del Icame aludió a la ‘doctrina Botín’, según la cual “no procede mantener la acusación popular porque no ha sido formulada” por Fiscalía. La citada doctrina fue establecida por el Tribunal Supremo en un caso que afectaba al fallecido Emilio Botín, quien fuera presidente del Banco de Santander.

Blas Imbroda consideró que ALA no reúne la condición para representar a abogados y que la única entidad habilitada para hacerlo en Melilla es el Icame. “El colegio está amparado por la ley y tiene personalidad jurídica propia”, indicó. Y destacó entre sus fines la “representación exclusiva de la abogacía y la defensa de los derechos de los colegiados.

“No hay delito alguno”

“El Colegio de Abogados entiende que no hay delito alguno, por eso no se ha personado”, proclamó Blas Imbroda.

El abogado también manifestó que “la ALA no tiene legitimación para seguir con la acusación si no lo hace el Ministerio Fiscal”, en referencia a los cuatro letrados para los que la acusación pública no solicita pena alguna.

El decano del Icame pidió la “nulidad” de las declaraciones de los cuatro abogados supuestamente contratados de forma irregular por Garbín. Según afirmó, así debe acordarlo el juez porque “declararon como testigos cuando luego fueron citados como acusados”. Eso, a su entender, “viola derechos fundamentales”.

En lenguaje jurídico, el hecho de declarar en calidad de testigos y luego ser imputados se conoce como ‘teoría del fruto del árbol envenenado’, dado que los testimonios varían según en calidad de qué se preste declaración.

Bien jurídico protegido

El abogado de la acusación popular, José Miguel Pérez, subrayó que “el bien jurídico protegido” en este proceso es “el buen funcionamiento de Administración”, que, a sus ojos, está en tela de juicio por la presunta contratación irregular de abogados por Garbín.

El también presidente de ALA Melilla sostuvo que la ‘doctrina Botín’ no es aplicable a este caso, y sí lo es la llamada ‘Atutxa’, que establece lo contrario a la primera.

Apoyo de pesos pesados del Gobierno local

Pasadas las 10.00 horas, María Antonia Garbín llegaba a las Torres V Centenario, sede de los Juzgados de Melilla, para asistir al juicio en el que se le acusa de prevaricación por supuestamente haber contratado de forma irregular a cuatro abogados cuando estaba al frente de la Consejería de Bienestar Social. La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la Asociación Libre de Abogados (ALA), reclaman que se le imponga una condena a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Garbín no llegó sola a los juzgados, sino que lo hizo acompañada de varios rostros conocidos del Gobierno local y del Partido Popular, formación de la que ella es actualmente portavoz en la Asamblea de Melilla.

En la imagen que ilustra este artículo se observa en primer plano a Francisco Villena, viceconsejero de Control y Gestión de Servicios; también está Francisca Conde, viceconsejera de Acción Social; Javier Lence, vicesecretario regional de los populares de Melilla y presidente de Inmusa. Aunque el cargo de mayor responsabilidad entre los que acudieron a apoyar a Garbín es Daniel Conesa, vicepresidente primero de la Ciudad y consejero

de Economía.

Aunque no aparece en la imagen, también acudió a respaldar a la principal acusada por el ‘caso Abogados’ Cristina Rivas, vicepresidenta primera de la Asamblea de la Ciudad y secretaria de Comunicación del PP local.

Antes de que comenzara el juicio con la presentación de las cuestiones previas por parte de los abogados de la defensa, el juez titular del Penal 1, encargado de juzgar este caso, permitió la entrada a los medios de comunicación para que tomaran imágenes de los acusados en la sala. Después, anunció que la audiencia sería pública, con lo que la agente judicial de la sala abrió la puerta y facilitó el paso a las personas que estaba congregadas fuera. De esta forma, los políticos citados estuvieron presentes entre el público mientras se desarrollaba la sesión. La vista continuará mañana a las 12:00 horas.