Bienestar Social dice que gestiona documentos de 1.100 niños al año y eso causa algún retraso

• El consejero responde al Defensor que siempre se cumple con la ley. Critica que haya “voces interesadas” en este tipo de denuncias. Señala que en el centro de acogida se producen más de 7.000 altas y bajas anuales

Bienestar Social cumple escrupulosamente la ley en la tramitación de la documentación de los menores extranjeros que tutela. Así de contundente fue ayer el consejero Daniel Ventura, que aclaró, eso sí, que si a veces se producen retrasos en la expedición de estos documentos es por el elevado número de niños que atienden. Ventura calculó que al año realizan este tipo de gestiones para unos 1.100 jóvenes. “La situación de Melilla es excepcional y eso también debería tenerse en cuenta”, aseveró.

El máximo responsable del área de Bienestar Social respondió así al Defensor del Pueblo que critica que la Consejería no cumpla con los requisitos que establece esta institución a la hora de realizar los trámites documentales de los menores acogidos por la Ciudad.

El consejero indicó que ni él ni ninguno de los funcionarios que trabajan en su área tienen interés en hacer algo que esté al margen de la legalidad. Es más, dijo que en muchas ocasiones incluso se encargan de gestiones que no son de su competencia como, por ejemplo, pedir la realización de las pruebas oseométricas para comprobar la edad de los chicos.

Ventura indicó, además, que cuando los menores se marchan del centro al cumplir los 18 años se les da toda la documentación. Es más, aseguró que ahora se les entregará incluso aquella que esté caducada, junto al resguardo de la cita para la expedición de la tarjeta de residencia, en el caso de que a su salida del centro no la tengan aún.

“Voces interesadas”

El máximo responsable del área de Bienestar Social lamentó que “algunas voces interesadas”, en referencia a las ONG que denuncian estos problemas en la tramitación de la documentación, hagan un análisis parcial de la realidad. Indicó que en el caso de los niños que viven en la calle no pueden darles los papeles porque no tienen tiempo de realizar los trámites al marcharse de los centros en pocos días. En este sentido, recordó que a lo largo del año se producen entre 7.000 y 8.000 altas y bajas de menores que entran y salen de las instalaciones de acogida.

Ventura aseguró que han explicado en numerosas ocasiones al Defensor del Pueblo cuál es la realidad que hay en Melilla e insistió en que ni él ni ningún funcionario tienen interés en saltarse lo que marca la ley.

Otra cosa, dijo el consejero, es que lo que pretendan es que se dé documentación a cualquier persona que entra diciendo que es menor, incluso cuando no lo es. “Si es así, que lo marque la ley, y lo haremos”, aseveró.

El consejero de Bienestar Social indicó que está claro que el principal interés que tienen los menores que llegan a nuestra ciudad es conseguir la documentación que les permita moverse hacia otras ciudades de nuestro país o de Europa. Señaló que a estos niños les resulta muy fácil colarse por la frontera y acceder a nuestra ciudad y aseguró que estas dos realidades se las ha transmitido en numerosas ocasiones al Defensor del Pueblo para que sea consciente de cuáles son las circunstancias de Melilla.

En cualquier caso, Ventura reiteró que en su Consejería se actúa conforme a la legalidad en la tramitación de la documentación de los menores y dejó claro que, si bien puede haber casos excepcionales en los que haya algún problema a la hora de conseguir los papeles, la inmensa mayoría de los niños que salen de los centros de acogida de la Ciudad al cumplir los 18 años tienen su documentación. Además, indicó que en el caso de que tengan que hacer alguna gestión se les explica para que sean ellos, ya mayores de edad, los que se encarguen de hacer los trámites.

Hay que recordar que el Defensor del Pueblo en una respuesta enviada al presidente de la ONG local Prodein, José Palazón, asegura que la Consejería de Bienestar Social no cumple con los criterios de este organismo a la hora de emitir la documentación obligatoria a los menores que tutela la Administración. En vista de que la explicación que le da la Administración no le convence, el Defensor apunta que incluirá esta situación en el próximo informe anual.

Cabe destacar que la institución criticó hace unos meses la falta de coordinación entre Delegación del Gobierno y Ciudad a la hora de tramitar los documentos de los menores, algo que dijo que repercutía negativamente en estos jóvenes. Al hilo de esto hizo unas recomendaciones a la Administración local y central que, a su entender, no acepta la Consejería de Bienestar Social.