Bienestar Social considera que Coalición por Melilla (CpM) está “demonizando” a los trabajadores de los centros sociales con sus críticas al reglamento aprobado este lunes en pleno, con los votos en contra de CpM y PSOE. Desde el área que dirige Daniel Ventura pusieron de relieve la “estoica” labor que desarrollan estos empleados, “que soportan en muchas ocasiones malas formas de algunos usuarios, sin que además, en la mayoría de los casos, lo comuniquen, porque consideran que son gajes del oficio”.
A través de una nota de prensa, la Consejería lamenta que la diputada cepemista Dunia Almansouri vierta sus críticas a través de la prensa en lugar de utilizar la comisión de Bienestar Social, que considera que es el ámbito idóneo para hacer propuestas.
“Falta a la verdad”
Asimismo, aseguran que Almansouri ha faltado a la verdad al decir que las ideas de los cepemistas no han sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar esta normativa. En concreto, indican que se admitió la propuesta en torno al régimen disciplinario de los empleados públicos y de los derechos y deberes de estos, que se recoge expresamente en el artículo 46.
Por otro lado, desde Bienestar Social precisan que en lo que se refiere a la formación de los empleados públicos, esta propuesta trasciende los límites de un reglamento interno, ya que esta debe ser abordada por parte de la Viceconsejería de Administraciones Públicas.
Desde el área que dirige Ventura lamentan, además, que se haya acusado al consejero de “criminalizar” a los usuarios. Precisó que lo que se hace con el nuevo reglamento es evitar la indefensión de los trabajadores que sirven en estos servicios sociales. Para ello se han tipificado una serie de conductas que “deben ser corregidas por la administración” en uso de su facultad sancionadora.
Recalcaron que los trabajadores sociales que atienden a los usuarios de estos servicios son personas técnico muy profesionales que “tiene entre sus funciones las de asesoramiento”.
Evaluación técnicos
En cuanto a quién evalúa a los técnicos, aseguran que se hace por partida triple. Una por parte de la propia Administración a través de encuestas que periódicamente se realizan a los usuarios, otra por la empresa externa en lo que se refiere a las normas de calidad de los servicios y una última por parte de la Dirección General de Servicios Sociales.
La Consejería de Bienestar Social pide a Almansouri que actúe de la forma correcta y defienda en igual medida al personal y a los ciudadanos.
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