Bienestar Social abre 500 nuevos expedientes de menas este año

PPL propone elaborar una estrategia integral de menores consensuada con la oposición. La consejera Garbín negó que las redadas en el puerto sean “electoralistas” como dijo Liarte.

En lo que va de año la Consejería de Bienestar Social ha abierto un total de 500 expedientes nuevos de ingreso de menores extranjeros no acompañados (menas), según informó ayer la consejera del área Mª Antonia Garbín. La segunda interpelación de Populares en Libertad instaba al Gobierno local a elaborar una estrategia de atención integral a los menas para atajar los problemas de convivencia y de seguridad. Pero las propuestas que explicó en el Pleno de Control de ayer “ya se están haciendo”, aseguró el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, quien insistió en la necesidad de cambiar la Ley del Menor.  
El portavoz de PPL  criticó la falta de medidas y la ineficacia de las que se llevan a cabo para atajar la problemática suscitada con los menas. Como ejemplo, se refirió a las redadas en la escollera del puerto que calificó de “electoralistas”. Además de la ineficacia de las mismas, Liarte aseguró que estas operaciones resultan “costosas y frustrantes” porque a las seis horas los menores vuelven a estar en la calle. Otro ejemplo de que el problema de los menas desborda a la Consejería dirigida por Garbín fue los hallazgos de menores dentro de los contenedores de cartón y papel, que ponen en riesgo su vida, de la que, por otra parte es responsable la Ciudad como ente tutelar.
Liarte también trajo a colación el informe del Defensor del Pueblo que criticaba la falta de oferta formativa y de actividades de ocio y tiempo libre para los menas, además de señalar que las instalaciones no son idóneas para estancias prolongadas. Los problemas de convivencia en el centro de acogida de La Purísima también fueron objeto de denuncia por parte de Liarte, quien aseguró que existen “bandas” de menores dentro del centro y son habituales, según dijo, las peleas y agresiones entre los chicos y a profesores. “Algo se está haciendo mal”, recalcó Liarte.
La consejera Garbín rechazó la mayoría de las afirmaciones realizadas por Liarte por “no ajustarse a la realidad”. Como ejemplo, criticó que el diputado de PPL “menosprecie” las operaciones que se realizan en la escollera del puerto y aclaró que no se tratan de redadas sino de intervenciones con menores en las que, destacó, más del 72% de las personas que la Guardia Civil localiza en el puerto o en sus inmediaciones son mayores de edad y no menores.
“Las redadas no son electoralistas, primero porque no son redadas y segundo porque menosprecia el trabajo y el esfuerzo que realizan todas las instituciones implicadas en el tratamiento de los menores”, criticó Garbín.

Nuevos fenómenos migratorios
La consejera reconoció que la Ciudad se está enfrentando en los últimos meses a nuevos fenómenos migratorios que también están relacionados con los menores. Los conflictos bélicos en el África subsahariana y en Oriente Medio provocan la llegada a Melilla de ciudadanos de esta procedencia. Además, destacó que de los inmigrantes que llegan asegurando que son menores el 97% resultan no serlo tras realizar las pruebas osométricas.
Garbín explicó que son los inmigrantes subsaharianos los que afirman ser menores sin serlo para evitar ser expulsados. En el caso de los niños procedentes de Siria, en muchas ocasiones cruzan la frontera solos o con un adulto que no es familiar suyo y utilizando documentación falsa, como pasaportes marroquíes manipulados. Entre este colectivo, también llegan a Melilla, explicó Garbín, adolescentes sirias que están casadas.
Garbín explicó que la llegada de menores de origen marroquí también ha aumentado en los últimos tiempos de tal manera que la Consejería ha registrado 500 nuevos expedientes de menas en lo que va de año.
Hacer frente a esta problemática no es tarea fácil especialmente con una Ley del Menor que limita la acción de la Administración Pública como ente tutelador. Ciertamente, Garbín explicó que esta ley no es que sea “el origen de todos los problemas”, como le achacó Liarte, pero las medidas sancionadoras que se pueden aplicar son limitadas. Obligar a un  menor a permanecer en el centro de acogida que no tiene un régimen cerrado podría incurrir en la “detención ilegal”.

Marruecos no admite a sus menores porque “no quiere”

Una de las propuestas que realizó ayer PPL para abordar la problemática de los menas implica al país vecino, Marruecos, como la creación de un centro de acogida. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, explicó a Liarte que Marruecos no readmite a menores marroquíes que entran en Melilla de manera clandestina, cuando debería hacerlo en virtud del convenio de reintegración de menores que firmó con España. “Marruecos no quiere aplicarlo, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy está empujando para que lo haga”, aseguró.
El mandatario melillense recordó que este acuerdo busca reagrupar a los menores con sus familias en Marruecos, pero el Gobierno alauita “no quiere”. “Y éste, es un problema que se le escapa de las manos a la Consejería de Bienestar Social”, recalcó.
Imbroda aseguró que algunos menores se niegan a ser tutelados por la Ciudad y por ello “no quieren estar en el centro de acogida”, pues su intención es intentar colarse en los barcos como polizones para llegar a la península.
Por ello, Imbroda destacó la importancia de cambiar la Ley del Menor, pues la actual  es “muy proteccionista”. El objetivo es que la Ciudad cuente con un instrumento jurídico que le avale para que el menor no salga del centro y malviva y pernocte fuera del mismo.

La problemática en el centro de acogida de la Purísima

El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, lamentó que el portavoz de PPL, Julio Liarte, pusiera en duda el trabajo del personal del centro de acogida en La Purísima. “Usted descalifica la actuación del personal y es mentira. Les acusa de ser unos enchufados, incompetentes y con antecedentes penales”, criticó.
Liarte, durante su intervención en el Pleno de Control, criticó que la Consejería de Bienestar Social adjudique la gestión del centro de La Purísima y “se olvide” de fiscalizar y controlar el  trabajo que allí se hace. Insinuó que el personal contratado no tenga la cualificación profesional adecuada, por lo que aconsejó que se hiciera una revisión de la plantilla.
También mostró su desacuerdo con la falta de oferta formativa y el hecho de que haya menores que no estén escolarizados. Este extremo fue rechazado por la propia consejera Garbín y por el presidente de la Ciudad.