Aprueban solicitar el cambio de la Ley del Menor: la oposición dice que carece de base legal

Los votos del Grupo Popular y del Grupo Mixto sacaron adelante la propuesta de la Ciudad de añadir una disposición adicional a la Ley del Menor sobre Melilla y Ceuta, mientras que la oposición sostiene que carece de base legal y que no se puede aprobar a nivel estatal. El objetivo de la Administración local es que los menores extranjeros no acompañados (mena) que se consideren inmigrantes económicos, pasen a manos del Estado, que se encargue el Gobierno central de su atención y que la primera medida que se ponga sobre la mesa sea que vuelvan con sus familias a sus países de origen. También propone que en Melilla no pasen más de tres meses y, si no pueden regresar a su casa, se deriven a centros de acogida de la península.

El diputado de Coalición por Melilla (CpM), Hassan Mohatar, cree que Melilla debería devolver las competencia de menores al Estado por su “incapacidad de gestión” en este tema.

CpM: trabajar en origen

Mohatar resaltó que la propuesta de su partido es trabajar en origen con ONG que se hagan cargo de estos niños. Además, lamentó que a pocos meses de las elecciones la Ciudad presente proyectos y políticas nuevas.

Por su parte, la diputada y secretaria regional del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, explicó que había solicitado un informe a los asesores jurídicos de su partido a nivel nacional y no creen que haya argumentos legales para sacar adelante esta propuesta de cambio de la Ley del Menor. “Atenta contra los derechos de los menores”, subrayó Rojas.

Asimismo, lamentó, como ocurre con la propuesta de cambio del Código Civil, que den los textos hechos desde el Gobierno local a la oposición y no se puedan modificar o negociar desde su confección. Se preguntó por qué esta preocupación por los menores no surgió antes de que entrara el PSOE en el Ejecutivo central hace ocho meses.

C’s: efecto llamada

Por otro lado, el diputado de Ciudadanos (C’s), Luis Escobar, comentó que no estaban muy convencidos sobre la viabilidad de esta propuesta de la Ciudad porque no se puede discriminar a un menor por motivos económicos. También se preguntó cuál es el plan de la Administración local porque los menores deben contar con espacios en la península para ser trasladados. Concluyó que traspasar las competencias de atención de estos niños al Estado no solucionaría este problema. Es más, cree que haría un efecto llamada si al pasar los tres meses los menas son trasladados a otras regiones.

Por ello, Escobar apuntó que esto es un engaño para los melillenses y no una solución a la gran presión migratoria de menores.

Modelo distinto

El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, defendió esta petición de añadir una disposición adicional a la Ley del Menor para contar con un modelo distinto del actual en la atención a los menas.

Destacó que Melilla y Ceuta viven una excepcionalidad y que nadie ha conseguido dar con una solución a esta situación. Remarcó que los primeros beneficiados serán los menores porque están hacinados en un centro de acogida.

Rojas respondió a esta cuestión y aseveró que la oposición no tiene la culpa de esta cuestión, pues quien gestiona el dinero para la asistencia es la Ciudad.

Para el presidente del Ejecutivo local, Juan José Imbroda, votar en contra de esta medida es decir no al traslado de los menas a la península e ir en contra de una solución.

Imbroda recordó que se hizo un llamamiento a las autonomías para que colaboraran y sólo se logró que se acogieran a 160 niños de todas las regiones afectadas por el resto de comunidades. De ahí que insistió en la necesidad de contar con una legislación para poder actuar en esta materia.

La tramitación de esta propuesta y del Código Civil

El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, dijo tras el pleno que en Ceuta se analizará el cambio del Código Civil y de la Ley del Menor el día 22. Además, apuntó que, tras su aprobación en la Asamblea, se enviarán los dos documentos al Gobierno central y luego, si éste lo estima oportuno, lo remitirá al Congreso para que se proceda a su debate con los grupos políticos mayoritarios.