ANPE exige medidas de control para evitar errores en listas de interinos

María Esther de la Fuente es una docente más de la ciudad que sufrió una injusticia hace un año por un error en la lista de interinos. Tuvo que ir a los juzgados para el Ministerio de Educación le reconociera mucho más que tenía razón, ya que ésta se la dio en el primer escrito que hizo. Tuvo que invertir más de 1.000 euros en la Justicia para que le reconocieran los puntos que habría ganado si hubiera trabajado al estar más arriba del listado de interinos y el dinero que hubiera cobrado por haber estado dando clases. Tras todo este proceso de más de año y medio de sufrimiento y de incertidumbre, solo tiene una petición, que la Dirección Provincial ponga medidas de control para evitar que errores como el que se produjo en la lista de internos en la que estaba se vuelvan a producir “dañando” a los docentes.

Todo ocurre hace dos cursos. De la Fuente echó cálculos sobre si la podrían llamar o no ese año para trabajar como profesora. Necesitaba el trabajo y echando cuentas de los puntos, se quedaba más tranquila. Según sus cálculos, la iban a llamar y respiró. Sin embargo, no fue así.

La historia

Se publicaron unas listas provisionales y ahí ella tenía la posición que esperaba, pero luego salieron las definitivas y una persona estaba por encima de ella cuando no le correspondía. Como había echo los cálculos sabía que había un error y envió un escrito a la Dirección Provincial. Le dieron la razón. Había un error, pero no podían hacer nada por subsanarlo. Esta otra persona había sido contratada y no la iban a cesar.

Ahí empezó un camino solitario para De la Fuente en el que contó con el respaldo de ANPE y del abogado del sindicato que sí la respaldaron cuando todo el mundo le decía que no servía de nada enfrentarse a la Administración.

Pero, ¿cómo es posible que se haya producido un error en la lista definitiva? Esta interina nos da la clave. Los listados provisionales de interinos no contemplan todos los datos, es decir, que tras este paso hay que seguir aportando documentación, como por ejemplo, el número de meses y años que llevan trabajando para la Dirección Provincial.

¿Cómo es posible que el Ministerio no sepa los días que trabajan para él los interinos? Y, ¿por qué tienen que ser los docentes los que tengan que aportar esa documentación cuando todo está digitalizado y está claro que la Administración debe tener esa información y además, más detallada que los propios docentes? No hay respuesta para esto. Pero lo cierto es que es así y de nuevo, los listados de este año se han realizado de la misma manera que cuando se produjo el error que afectó a De la Fuente.

Las reclamaciones

Una vez que vio el error en el listado definitivo, mandó un escrito con su reclamación, que fue respondido con la afirmación de la Dirección Provincial de que efectivamente había una equivocación. Pero no tuvo consecuencias. Luego tuvo que redactar otra reclamación y volvió a recibir la misma respuesta sin que hubiera cambios.

Esto le llevó a tomar la decisión de ir a juicio. De hecho, agradeció no solo el apoyo del sindicato, sino el buen hacer el abogado de ANPE que se enfrentó a un letrado del Estado y logró que le abonaran más de 9.000 euros, el dinero que hubiera recibido si hubiera estado trabajando, así como los puntos que podría haber acumulado por esos meses. Aunque las costas del juicio tuvo que pagarlas ella.

De la Fuente anima a otros interinos a denunciar este tipo de situaciones. Subrayó que la Administración debe contar con mecanismos para controlar que no haya errores porque ella fue una de las afectadas junto a otros dos interinos más. Además, la persona que subió de puestos sigue conservando los puntos que le dieron.

Esta interina aseveró que cuando la Administración se equivoca, “el ciudadano paga dos veces”.

Vigilar al compañero

Por otro lado, se pregunta De la Fuente por qué ella u otros compañeros como ella tienen que andar investigando los puntos de otros para evitar que haya problemas de este tipo. Se preguntó por qué se tiene que generar esta corriente de vigilancia cuando es la Administración la que tiene que garantizar que no hay fallos y hay transparencia en el proceso. Afirmó que esta situación es “lamentable”.

El representante de ANPE en Melilla, Sergio Rincón, también indicó que la Dirección Provincial de Educación sabe el número de meses y años que trabajan los interinos en Melilla. Apuntó que quizás se podría pedir esta documentación a los docentes que vienen de otras comunidades, aunque subrayó que también hay mecanismos en esta era digital para no tener que aportar cada docente este dato a la Administración.

Tanto De la Fuente como Rincón animaron a los interinos a denunciar esta situación. Afirmaron que si los docentes deben seguir aportando esta documentación en el último paso de configuración de las listas, la Administración deberá dar otros quince días, como con las provisionales para poder hacer reclamaciones y que luego saque el listado final.