ANPE denuncia un incremento en los casos de depresión y estrés entre los docentes

El sindicato de enseñanza ANPE ha denunciado un incremento en los casos de depresión y estrés entre los docentes, lo cual ha supuesto una subida de las bajas laborales, según el informe que ha realizado el servicio del Defensor del Profesor de esta entidad sindical.

ANPE señala que el número de actuaciones realizadas desde la creación de ese servicio asciende a 42.439, de las que 1.994 corresponden al curso 2021-2022, 34 más que en el anterior. “Aunque no supone un aumento significativo, sí que detectamos cada vez más complejidad en los casos atendidos, en los que confluyen factores de diversa índole: estado anímico, síndrome del profesor quemado, carga burocrática y lectiva, ratios elevadas, atención a alumnado con necesidades educativas especiales, etc., que dificultan la resolución de los casos”.

El informe al que alude ANPE establece igualmente que en el curso 2021-2022 un 42% de las actuaciones se relacionan con profesores de Secundaria y Bachillerato, con un aumento de un 4% con respecto al curso anterior. Por su parte, en Educación Primaria desciende del 44 al 39% y en Educación Infantil se mantiene en un 6%. Respecto a las realizadas en ciclos formativos de grado medio, superior y FP básica, suman un 9% del total y en el apartado de “otros” está inamovible en un 4%.

En cuanto a la tipología de los casos atendidos, el sindicato destaca los correspondientes a problemática con la Administración, que aumentan de un 25% a un 30%. "El estado de tensión constante que provocan las actuaciones de las administraciones educativas entre el profesorado es debido a la publicación de protocolos de actuación ante la COVID tardíos y cambiantes, recortes en personal de apoyo para atender al alumnado, además de cambios normativos con el curso empezado. A esto se une también, la compleja labor de seguir atendiendo al alumnado que viene a clase y al alumnado que se encuentra confinado. La puesta en marcha de protocolos como el de ideación suicida o contra el acoso sin asignación horaria y sin formación suficiente para los docentes. Y todas estas tareas suponen una mayor carga burocrática. Esta situación hace que la relación con la Administración se resienta. Los docentes se sienten solos y con una responsabilidad que excede de sus funciones".

ANPE añade que los índices de ansiedad siguen aumentando año tras año "hasta valores que rozan ya el 80% de los profesionales que se ponen en contacto con nosotros". Aumentan también los docentes que padecen depresión y que se ven abocados a la baja laboral que sube un 5% situándose en un 15%. "La salud mental de nuestros docentes se está viendo afectada por las situaciones derivadas del contexto educativo actual y de la crisis pandémica que hemos vivido. Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación".

En este sentido, las bajas laborales "generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos". "Los datos recopilados en el curso 21-22 ponen de manifiesto que el problema en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente dentro del sistema educativo que no se resolverá fácilmente sin un apoyo político, social y familiar. Conseguir cambiar esta tendencia dependerá en buena medida del apoyo que reciba el docente y de la actitud que tanto padres como Administración adopten cuando el profesor ejerce su derecho a hacer cumplir unas normas básicas de convivencia que benefician a toda la comunidad educativa y que tienen como objetivo algo tan elemental como crear un clima de respeto dentro del centro y salvaguardar el derecho a la educación que por Ley tienen los alumnos".

Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de desarrollar una Ley de Autoridad del profesorado a nivel estatal, medidas reales que dignifiquen la labor docente y favorezcan un clima de convivencia adecuado; y la elaboración un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar en los Centros Educativos, liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación. Este Plan debería contar con un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.

Igualmente, se habla de la ineludible obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal y del aumento de orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica, maestros de Audición y Lenguaje, personal de Servicios Sociales y auxiliares de Educación Especial para atender a todo el alumnado en pro de una verdadera inclusión.

Todo protocolo de actuación ante el acoso debe ir precedido de una memoria presupuestaria que contemple los recursos materiales y humanos necesarios para su implementación. –Se busca también la implantación o aumento de servicios de atención psicológica para la comunidad educativa en todas las comunidades autónomas.

ANPE reivindica la actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como los Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros, además de la aplicación de la ley de autoridad en todas las comunidades autónomas y el establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos. Otro de los puntos es un plan específico de formación del profesorado, en horario lectivo, para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar y el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.

Por último, se solicita el compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.

“ANPE y el Defensor del Profesor reiteran su compromiso de seguir trabajando en apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación en sus puestos de trabajo, así como su intención de mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la opinión pública el día a día de los centros educativos y poner a la Educación, y a sus profesionales, en el lugar que realmente se merecen”, concluye el sindicato.