Análisis del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Melilla

En primer lugar, agradecer al Gobierno de España su interés en dotar a Melilla de un instrumento para solventar una situación de crisis socioeconómica a la que hacía años -si no siglos-, no se veía sometida nuestra Ciudad. Las razones además de las propias derivadas de la pandemia, la guerra de Ucrania y demás componentes que afectan a todas las economías, se añaden las propias de nuestra “insularidad” y el nada disimulado ataque “híbrido” por nuestros vecinos del otro lado de la frontera. Esta es la mejor repuesta que se puede dar a la mismas: apostar por hacer de Melilla una Ciudad próspera y con un futuro mejor dentro de Europa.

Vamos a seguir el índice del propio documento para hacer nuestra valoración sobre el mismo. Y debemos empezar señalando la gran diferencia entre el trabajo de campo desarrollado por TRAGSATEC y el que se hizo en el Plan Estratégico de Melilla, para llegar a la misma caracterización de nuestra Ciudad. Los DAFO de una y otra consultora, lógicamente, no distan mucho uno de otro y las propuestas tampoco. Por tanto, sin desmerecer el trabajo de los expertos de TRAGSATEC nos parece más profundo y amplio el del Plan Estratégico Melilla 2020-2029. Pensamos que se podrían haber ahorrado el trabajo, el tiempo y el dineral que ha costado pues el trabajo ya estaba hecho. La diferencia está en las propuestas de inversión y modificaciones legislativas de uno y otro Plan.

Casi todas las inversiones anunciadas -pero no dotadas la gran mayoría con fondos en los PGE 2023- corresponden a solucionar las carencias en sanidad y educación que tenemos en Melilla y llegar a equiparar los negativos ratios actuales a los del resto de España. O las dedicadas al tema de acogimiento de los menores extranjeros no acompañados e inmigrantes ilegales y políticas de igualdad.

Es buena la iniciativa de liberar suelo del Ministerio de Defensa y la apuesta por la promoción de vivienda pública. Aunque quizás la propuesta más interesante sea la creación de un Campus de Formación Profesional, pero sin fecha programada ni dotación presupuestaria.

Se proponen inversiones -ya previstas antes- para mejorar el abastecimiento de agua potable y mejorar la contaminación de la actual central térmica o la mejora de las instalaciones de los Juzgados. O los fondos del PRTR a 7,5 millones para apoyo al emprendimiento y microempresas correspondientes al periodo 2021-2024 de los cuales ya han llegado una parte. Aunque se mezclan unas con otras, todas ellas nos parecen bien. Y, por supuesto, la anunciada creación de una Oficina para el Registro especial de buques y embarcaciones de recreo que solicitamos en marzo de 2021.

Algunas propuestas resultan chocantes. Aparecen más de 4 millones para apoyo al empleo de la mujer en el ámbito rural (sic) y urbano. Las del seguimiento sanitario de los cetáceos y tortugas marinas con 77.777,90 euros, o los 72.000 euros para retirada de antes y cables en desuso, los 62.000 euros para mejoras de dotaciones de alojamientos turísticos o la construcción de una nave de unos 800 m2 para archivo del Juzgado con un coste de 1.400 €/m2 cuando hay decenas de naves vacías de este tamaño y a un menor precio.

Pero nuestra máxima esperanza era ver solucionado el problema del coste del transporte de mercancías y pasajeros y de eso no hay nada más que las viejas promesas de subir de categoría el aeropuerto, pero nada de la ampliación que se requiere ni de acabar con el problema de la aproximación por las nubes bajas y los altos precios y de que algún día se aprobará el RD que desarrolle la bonificación al transporte de mercancía que nos “debe” el Estado desde 2017. Por cierto, el D. Gral. de Marina Mercante en la reunión mantenida este miércoles con miembros de CEME nos ha dicho que la bonificación del 100% del coste del transporte a nuestra Ciudad de los alimentos de primera necesidad solicitada no la permite la Unión Europea. Nos gustaría que los europarlamentarios españoles o el propio Gobierno -local o nacional- hiciesen la consulta en Bruselas dada la “insularidad” que tenemos reconocida por la propia Unión Europea y dado que la bonificación no es para competir con nadie sino para facilitar la vida a los habitantes de una ciudad europea alejada del continente como las RUP y, en caso de fuera negativa la respuesta, que se busque el mecanismo legal necesario para abaratar la cesta de la compra en nuestra Ciudad que se encarece por el transporte desde la península.

Pero nada hay en este Plan Integral de Desarrollo para cambiar la actual deprimida estructura económica de Melilla -o al menos, no la hemos detectado- salvo la ya mencionada inversión en el Campus de Formación Profesional. Nada de la Zona Económica Especial. Nada de adecuar el IPSI para equiparlo a la estructura liquidatoria del IVA. Nada de aplicar las ventajas del Código Aduanero de la Unión de forma interna y la simplificación de los trámites aduaneros en Melilla.

Nada de establecer nuevas deducciones en los impuestos directos (IRPF e IVA) y en los indirectos (Sucesiones y Donaciones) o en el de Patrimonio mejorando la actual fiscalidad. Nada de proponer a la Comisión Europea que se mejoren las actuales Reglas de Origen y nos aplique el mismo trato que a los de los países suscribientes del Tratado Euromediterráneo (Marruecos, entre ellos) para los productos originarios (pocos hay en estos momentos) o transformados en Melilla a partir de materias primas o productos semiterminados previamente importados.

Nada de la inversión en el nuevo dique de grandes esloras. Los 14,75 millones que indican para el Puerto en cuatro años -salvo interpretación errónea- son para cubrir el déficit de explotación y compensarían la salida del Fondo de compensación actual tras la aprobación del nuevo marco institucional y financiero que se pretende para el Puerto de Melilla.

Nada de ganar terrenos al mar como se aprobó en el Plan Estratégico y han hecho países como Holanda o el propio Gibraltar. ¿Dónde piensan ubicar las nuevas instalaciones propuestas? Entre ellas, una planta de biometanización, una planta de clasificación y pretratamiento para la reutilización y reciclaje de residuos voluminosos, una planta de compostaje de podas, lodos y su ampliación a futuro para materia orgánica de recogida separada y, finalmente, una instalación de recogida, triaje y clasificación de otros residuos o la infraestructura de almacenamiento, regasificación y bunkering de GNL. ¿Dónde el nuevo vertedero de residuos sólidos urbanos?

Encontramos poca inversión en la rehabilitación de edificios y en las mejoras medioambientales que generan puestos de trabajo directos en la construcción.

Nada de la propuesta de implantación en Melilla de un Centro de Estudios para las FCSE o las Fuerzas Armadas. Nos gusta, como hemos dicho, el anuncio -pero no es más que eso- de un Campus de FP para formar a nuestros jóvenes en oficios que demanda la actual actividad económica de la Ciudad y los que vienen en tiempos próximos relacionados con las TIC y las nuevas tecnologías o servicios digitales que no necesitan ser transportados en buques o aviones.

Y, por supuesto, nada de intentar dotar a Ceuta y Melilla de un régimen asimilado a las RUP que tanto podría beneficiar a ambas ciudades y las harían más Europa que nunca. Nada de cómo va a quedar la exención de visado Schengen que fue la propuesta del anterior secretario de en foro distinto, según frase de la ministra Rodríguez Garcia.

Tampoco hemos encontrado la equivalencia -si es que la hay- entre las inversiones propuestas en el Plan Estratégico de Melilla 2020-2029 y las incluidas en este Plan Integral presentado por la ministra. Nos gustaría que por parte de la Delegación del Gobierno o de la Consejería de Hacienda de la CAM o bien ambas en conjunto, nos indicaran cuales de los programas de uno han sido recogidos en el otro.

Importante a nuestro juicio la creación de una Oficina Técnica de Proyectos en la Ciudad de Melilla, el Convenio con la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI), el apoyo del ICEX y de TURESPAÑA (que, extrañamente, nunca hemos tenido), Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y, sobre todo, la creación de una Comisión de Seguimiento, compuesta por representantes de la Administración General del Estado y de la Administración de la Ciudad Autónoma.

Ya sabemos que el papel todo lo aguanta por ello esperamos ver las enmiendas necesarias en los PGE de este año con las plurianualidades correspondientes de todas las propuestas de inversión recogidas en el documento. Lo contrario, sería decepcionante.