Amnistía Internacional denuncia la “colaboración” de funcionarios españoles en expulsiones ilegales

La ONG publica un informe que denuncia que el Gobierno no está investigando las denuncias de uso de fuerza contra inmigrantes.

Amnistía Internacional (AI) sostiene que el Gobierno español no está investigando las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes por parte de los agentes en las fronteras, ni ayudando en el proceso judicial por la muerte de 14 personas en la playa de El Tarajal.
En su informe anual, AI reclama una rectificación de la política del Gobierno español en materia de asilo y recuerda que en 2014 sólo se otorgó protección internacional a 27 de los 4 millones de sirios que han salido de su país, mientras que otros 1.500 “están retenidos en Melilla y Ceuta de forma ilegal” en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
“Amnistía Internacional sigue denunciando el uso excesivo e innecesario de la fuerza en la frontera por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, que en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal”, indica el informe.
Además, lamenta que el Gobierno esté intentando legalizar con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana “las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional”.
En este sentido, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha asegurado que “el estado no ha cumplido con su obligación” de investigar la muerte de los 14 inmigrantes ahogados en febrero de 2014 al intentar alcanzar las costas ceutíes y “ya dictó una sentencia previa” sobre la inocencia de los agentes que trataban de impedir su entrada.
También ha recordado que hay una causa abierta en Melilla “por devoluciones en caliente de inmigrantes”.
A su juicio, estas prácticas incumplen la Ley de Extranjería, que obliga “a escuchar al inmigrante, asistido por un abogado, antes de acordar su expulsión”.
“Espero que las investigaciones lleguen a buen término, pero el Gobierno español no está ayudando en nada a esas investigaciones”, ha señalado el responsable de la organización.

Colaboración española
El informe de Amnistía Internacional denuncia también la “colaboración” de funcionarios españoles con Marruecos en las expulsiones ilegales de imnigrantes subsaharianos, que entraban en España de forma irregular cruzando la valla de las ciudades de Melilla y Ceuta. La organización asegura que, entre estos expulsados “figuraban posibles solicitantes de asilo”, y denuncian que “tanto la policía fronteriza española como la marroquí habían utilizado fuerza innecesaria y excesiva”.
“Las autoridades no investigaron estos casos en que se habían producido muertes y lesiones, ni tampoco otros incidentes de violencia racial contra migrantes subsaharianos ocurridos en agosto y septiembre en Tánger y Nador”, refiere el informe.
Por otro lado, la ONG define 2014 como “un año especialmente negro para los derechos humanos, que se han puesto en riesgo por las políticas públicas y por reformas como la del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana”, ha opinado Beltrán durante la presentación del informe.
“La mayoría de las personas que intentan entrar por Ceuta y Melilla merecen al menos que se considere si son refugiados, que se estudie si huyen de conflictos armados”, ha insistido.

Denuncias a Marruecos por reprimir libertades

El informe de Amnistía Internacional pone de manifiesto las autoridades marroquíes reprimieron la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas -incluidas las de los simpatizantes de Movimiento 20 de Febrero- y practicaron la tortura bajo detención.
Asimismo, la ONG dice que en Marruecos, aunque "la disidencia política disminuyó", persistieron "las protestas en demanda de trabajo, vivienda y una distribución más justa de la riqueza".
Además sostiene que la Policía marroquí dispersó "manifestaciones pacíficas y otras protestas de titulados universitarios desempleados, trabajadores, estudiantes y activistas de la justicia social, incluidos simpatizantes del Movimiento 20 de Febrero, que propugnaba la reforma política".
Además, las autoridades marroquíes enjuiciaron a "periodistas, activistas, artistas y otras personas que habían criticado (o se consideró que habían insultado) al rey o a las instituciones, o que se consideró que habían propugnado el "terrorismo", según el amplio significado de este término en la legislación marroquí.
En cuanto al Sáhara Occidental, según Amnistía Internacional, las Fuerzas de Seguridad marroquíes reprimió "toda defensa de la autodeterminación" del territorio que Marruecos se anexionó en 1975. Asimismo, la ONG considera que la Policía del país vecino dispersó estas concentraciones con "fuerza excesiva".