Confieso que me resultó sorprendente, al comienzo de esta semana, ver un mensaje en las redes en las que se calificaba al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como “sinvergüenza, fresco, desahogado y jeta”. No podía dar crédito a que un responsable político se manifestase de esa manera con respecto a otro responsable político.
Ante mi sorpresa, confirmé la identidad del autor de estas graves descalificaciones mediante la visita a su perfil y vi que se definía, por este orden, como padre, hijo (esto creo que es inevitable para todos los seres humanos, por lo que no define carácter), socialista, economista, del puerto de Melilla, melillense por devoción, almeriense por raíz, mediterráneo, europeo y hermano de todos. Imagino que, por asimilación de otras categorías, se le puede considerar también como español, aunque él no enfatizase este aspecto en su perfil.
Comprobé que se trataba del señor Bustillo Gálvez, del PSOE de Melilla y me reafirmé en mi sorpresa porque no consideraba a este señor partidario, al menos teóricamente, de estas prácticas persecutorias y autoritarias que emponzoñan nuestro régimen de presunta convivencia. Pero ya ven ustedes. De cualquier parte surge la sorpresa.
El motivo de tan silvestre descalificación no era otro que el que Alberto Núñez Feijóo se hubiese posicionado en contra del Real Decreto Ley de medidas anticrisis presentado por el Gobierno al Congreso y hubiese manifestado, con posterioridad, que, a las familias españolas, hoy les cuesta más llegar a final de mes.
Debería saber el señor Bustillo que cuando la oposición se posiciona en contra de una determinada iniciativa legislativa no se posiciona en contra de todas y cada una de las medidas incluidas en dicha iniciativa sino en contra de ella en su conjunto y por muy diversas razones. De hecho, el gobierno tuvo que asumir, con posterioridad a la aprobación de esa norma, como propia, una propuesta de la oposición para que la subida del ingreso mínimo vital beneficiase íntegramente a los trabajadores y no de manera parcial por los gravámenes fiscales impuestos a los trabajadores como consecuencia de la misma.
Debería intentar evitar el señor Bustillo la práctica de esa técnica que consiste en criminalizar a la oposición acusándola de actuar en contra de los más desfavorecidos por votar en contra de medidas populistas de un gobierno que, a pesar de su enunciado, no contribuyan, precisamente, a la mejora de la vida de esos desfavorecidos. Hay maneras diversas de promover el bienestar de la ciudadanía y sólo las mentes autócratas consideran que las que ellos promueven son las únicas. El que considere que una determinada disposición no contribuye a la mejora de la vida de los ciudadanos está obligado a votar en contra de ella, simplemente, por coherencia política y porque es su obligación.
Descalificar al que así actúa, imputándole, ni más ni menos, que de insensible ante las necesidades de los ciudadanos es, meramente, un ejercicio de populismo que persigue alentar el odio de los ciudadanos contra un determinado dirigente político o la formación de la que forma parte.
De manera semejante, aunque sin insultar personalmente, se manifestó la vicepresidenta segunda del gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando, la semana pasada, vio rechazado en el Congreso su Real Decreto Ley de medidas de subsidio para el desempleo. Afirmó, campanudamente, la Ministra que el PP, VOX y Unidas Podemos, votando en contra, habían golpeado a la clase trabajadora. Como si la política del subsidio fuera, por sí misma, la única manera de beneficiar a la clase trabajadora y promover la creación de empleo en España. Otra manifestación de autocracia que, ante el ejercicio responsable de una oposición que pretende formular políticas alternativas, es criminalizada por el gobierno, a fin de alentar el odio por parte de la ciudadanía hacia esa oposición.
También ha circulado por las redes esta semana una intervención del Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, el pasado año en un coloquio en la Fundación Internacional Baltasar Garzón en la que, por la vía de los hechos, ponía de manifiesto su intención de desactivar todos y cada uno de los acuerdos que, con mucho dolor, pero también con mucha convicción de que era su obligación para con nosotros, alcanzaron nuestros padres en el período de la Transición.
Decía el Secretario de Estado que en el discurso del relato de nuestra historia se había venido estableciendo una cierta relación causa efecto entre lo sucedido en nuestra nación durante el período de la Segunda República (1931-1936) y la Guerra Civil (1936-1939) y que había que acabar con eso y que a los niños en las escuelas se les debería enseñar la historia desvinculando la Segunda República de la Guerra Civil y estableciendo un cronograma que cubriese las siguientes etapas: Segunda República, Golpe de Estado, Guerra de España (dentro de la cual hubo una guerra civil, pero la guerra de España, a su entender, fue un conflicto internacional), Dictadura y Resistencia a la Dictadura.
Paraba aquí su cronograma el Secretario de Estado, sin mencionar la Transición, dejando, con ello, huérfano el relato, ya que fue, precisamente, en la Transición cuando, como digo, nuestros padres analizaron todos los desencuentros de nuestros abuelos, que ellos habían sufrido en primera persona y se propusieron que nunca más volviéramos a embarcarnos en semejantes dinámicas, aspecto éste contra el que se posiciona, por la vía de los hechos, todo el discurso del Secretario de Estado y todo el devenir de la inicialmente denominada memoria histórica y actualmente denominada memoria democrática.
Tras todas estas iniciativas a las que me refiero, parece haber un denominador común, que algunos consideran polarización y otros prefieren considerar que es un nuevo retorno a una de las prácticas más rupturistas que, lamentablemente, ha caracterizado nuestra historia nacional, como es la del cainismo. En todo caso, parece razonable pensar que a lo único a lo que contribuyen de una manera indiscutible, que debería hacernos reflexionar, al objeto de estar debidamente prevenidos para posicionarnos en contra, es a alentar el odio.
El PP es el partido del odio. Ha hecho de la mentira, el bulo, la difamación y la degradación política sus métodos preferidos, y todo para saquear a modo con la condescendencia de una justicia impresentable y recortar todos los derechos posibles. Lo de este individuo es tener la cara de hormigón armado.