Al menos 13 nuevos funcionarios para la Delegación del Gobierno

El Plan Estratégico Integral de Melilla incluye entre sus previsiones para este año reforzar la plantilla de la Delegación del Gobierno con el ánimo de mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan en una ciudad donde no están transferidas competencias importantes como las de Educación, Sanidad o Justicia.

En teoría esto debería ser una ventaja, pero en la práctica no lo es. Madrid está lejos de todas partes, incluso del propio Madrid. De ahí que la mayoría de las autonomías hayan optado por gestionar ellas mismas servicios públicos fundamentales que en nuestro caso dependen del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, del Ministerio de Educación o de Justicia.

Al no tener transferidas esas competencias, no podemos destinar fondos del Estado para acabar con las altas ratios en las aulas que han bajado, es cierto, pero siguen estando por encima de la media española. Influye, claro está, que el número de nacimientos ha sido tradicionalmente más alto en Melilla que en el resto del país. Pero también influye que Madrid no suele ser especialmente generoso salvo en momentos puntuales.

Éste, por ejemplo, es uno de ellos, pero supongo que no pasa desapercibido el hecho de que hemos tocado fondo. No se nos olvida que aquí llevábamos diez años sin cortar una cinta para inaugurar centros públicos de enseñanza.

No se nos olvida tampoco que hasta 2021 hemos tenido 120 niños sin escolarizar en Melilla so pretexto de que no tenían empadronamiento en la ciudad. Hoy miramos para atrás y se nos ponen los pelos como escarpias.

Dicho esto, volvemos al Plan Estratégico de Melilla que recoge que en este mismo año 2022 se destinarán a la Delegación del Gobierno 11 funcionarios de nuevo ingreso, se incorporarán otros dos al departamento de Extranjería y se subirán los sueldos en seis puestos ya existentes. Además, se contratarán interinos para reforzar el trabajo en momentos determinados como, por ejemplo, durante la Operación Paso del Estrecho.

Estamos hablando de un refuerzo importante que nos podría dar la medida, a ojo de buen cubero, de la precariedad con que se están prestando los servicios públicos en este momento.

Sin embargo esa precariedad no la notan los usuarios. En 2019, según informó el Ministerio de Política Territorial, el 98,5% de los usuarios encuestados en Melilla se mostró satisfecho con la información recibida y el 97,1% con el trato que le dieron en la Delegación del Gobierno.

Además, un 97,8% de los encuestados valoró de alta o muy alta la calidad de la atención recibida.

En una escala de 0 a 5, los melillenses dieron antes de la pandemia un 4,57% de nota a la Delegación del Gobierno. Esta cifra fue un 0,7% superior al dato obtenido en el año 2017.

Si las cosas ya están muy bien, cuesta entender por qué se refuerza la plantilla de la Delegación del Gobierno, donde no hay quejas, y no se emplea ese dinero (1,5 millones de euros) para traer a Melilla más agentes de Guardia Civil y Policía Nacional con plaza fija.

Este verano se dio la circunstancia, según nos comentan desde el Sindicato Unificado de Policía, de que salieron 20 plazas para venir en verano a Melilla y no las pidió nadie porque aquí tenemos alquileres por las nubes y desplazarse a la península es carísimo, pero la Policía Nacional no paga dietas, confiando en que tradicionalmente estas vacantes las pide gente que es de la ciudad y quiere venir a pasar un tiempo en la casa de la familia. Pues bien, este verano no vino nadie y los policías en prácticas tuvieron que trabajar como si hubieran jurado su cargo de agente de la escala básica.

Sindicatos como la Unión Federal de Policía fijan las carencias en Melilla en entre 100 y 150 agentes, mientras que asociaciones de la Guardia Civil llevan años hablando de la necesidad de incorporar a la ciudad entre 100 y 300 agentes más.

Pero eso no pasa porque se sigue ignorando nuestra situación geográfica, la dificultad de gestionar una frontera internacional y la presión migratoria que sufrimos por tierra y mar. Luego nos escandalizamos cuando vemos en las noticias que han entrado dos pateras en las últimas 24 horas.

No podemos aspirar a tener una frontera impermeabilizada con los mismos agentes de siempre, contando con que se hayan cubierto las bajas de jubilación.  No podemos ser impermeables, además, gracias a la inestimable colaboración marroquí. Les acabamos de autorizar el pago de 30 millones de euros para combatir a las mafias de la inmigración irregular y nos lo agradecen con la llegada de dos pateras en menos de 24 horas. Parece una broma macabra, pero es tan real como la vida misma.

Tengo que decir que en todo esto de las encuestas de satisfacción y las cifras hay que relativizar. Melilla, por ejemplo, tiene una tasa de criminalidad superior a la media española, según recoge el Plan Estratégico del Ministerio de Política Territorial. No obstante, la gente asegura que se siente segura cuando sale a la calle.

Otro ejemplo. Pese a que en la ciudad faltan médicos hasta el punto de que el propio Plan Estratégico Integral del Gobierno de España habla de declarar el Área Sanitaria de Melilla de difícil desempeño, para, de esta forma, poder fidelizar el talento con incentivos, en la práctica la ciudad no está entre las últimas en el ranking de listas de espera para operaciones quirúrgicas y para ver al especialista.

Esto nos lleva a pensar que el umbral de exigencia de los melillenses respecto a la calidad de los servicios públicos que recibimos es francamente bajo. O lo que es lo mismo: tenemos el umbral del dolor muy alto y nos conformamos con poco. No es posible que se necesiten al menos 13 nuevas incorporaciones en la Delegación del Gobierno y que el nivel de satisfacción del ciudadano esté rozando la nota máxima.

Pero tenemos que admitir que si bien necesitamos refuerzos en la Policía Nacional y la Guardia Civil de Melilla, no está de más que lleguen además refuerzos para la Delegación del Gobierno. Son nuevos puestos de trabajo y eso siempre es una buena noticia. La sociedad melillense necesita saber que se sigue creando empleo a pesar de la incertidumbre que rodea nuestro futuro. Los Planes de Empleo ayudan, pero no son la solución a nuestro paro estructural.