“Al denunciar a un profesor, hay presunción de culpabilidad y no de inocencia”

La abogada Carmen Perona afirma que los docentes sólo pueden retener el móvil de un alumno 72 horas. Aconseja llamar a la Policía si los padres tardan más de 20 minutos en recoger a su hijo.

Carmen Perona lleva muchos años aconsejando y ayudando a los maestros melillenses cuando se han sentido desprotegidos o atacados por la Administración. Es una de las abogadas del servicio jurídico de CCOO. Aunque su despacho está en Madrid, es muy consciente de los problemas de la educación de Melilla y los conoce al dedillo. Todas esas dudas que recibe por correo electrónico o esas sanciones administrativas que tiene que recurrir en los juzgados le dieron una idea: Escribir un libro que fuera una guía para los profesores. ‘Práctica Docente. El derecho en defensa de tus derechos’ es una publicación que los maestros pueden conseguir de forma gratuita y en el que se recogen mil y un consejos sobre cómo actuar frente a casos prácticos en los centros educativos y ante la Administración.
Perona es la abogada que está pendiente de la impugnación de las normas de inicio de curso que tantos quebraderos de cabeza han causado entre el Ministerio y los colegios de Melilla. Aseguró a El Faro que esta denuncia está en la Audiencia de Madrid. No será hasta dentro de un año cuando el tribunal se manifieste a favor o en contra de esta impugnación. La abogada señaló que lo que ha llevado a los juzgados estas normas son los cambios en la jornada laboral de los docentes sin negociación previa con los sindicatos.  
–¿Qué le llevó a escribir este libro?
–La indefensión de los docentes ante la actuación de la Administración porque desconocen algunas leyes y también por los pocos apoyos que reciben de las instituciones. No hay instrucciones en las que las que sus conductas puedan avalar. Así que este libro es un medio de defensa. También lo he escrito para evitar la judicialización de la actuación que llevan a cabo  en los centros. 
–Así que este libro es una guía que evitará que los maestros sigan cometiendo errores en sus labores diarias.
–Exacto. Los maestros actúan de buena fe, pero si vamos a las leyes o ante los tribunales, puede llegar a ser ilícita. Para evitar expedientes disciplinarios o denuncias, he descrito en el libro casos prácticos que me han llegado en los últimos cuatro años. En esta publicación recojo las preguntas y las respuestas, que las he sacado de las sentencias de los tribunales, para que sean una guía y los profesores sepan cómo actuar ante determinadas situaciones para las que hay un vacío legal por parte de la Administración educativa.
–Habla de la buena fe de los docentes a la hora de hacer algo que no debe. ¿Cuáles son?
–Pues cuando los padres no van a recoger a los niños, los maestros esperan con el menor en el colegio, pero eso no está bien. Los profesores pueden estar con el alumno durante 20 minutos, que es el tiempo que entienden los tribunales que es de cortesía para los padres, pero no mucho más. Lo que debe hacer, pasado este plazo, es llamar a la Policía. La mayor parte de los maestros esperan con los niños sin más. Si hay algún accidente, sería responsabilidad del profesor. También está mal hecho cuando una madre le pide a la maestra que le dé una medicina a su hijo porque está enfermo. Esto sólo se podría hacer si tuviera un informe de un especialista o en el caso de que haya un médico en el centro. Otra cosa que los docentes hacen mal es retirar el móvil a un escolar y no devolverlo hasta que no vaya el padre a recogerlo. Eso no lo pueden hacer. 
–Entonces, ¿un profesor no puede quitarle un móvil a un alumno cuando está en clase?
–Sólo puede retirarle el móvil y cuando salga de clase se lo tiene que devolver o como máximo tenerlo en el centro durante 72 horas. Esta norma es muy desconocida. Pero es que hay muchas más casuística. Por ejemplo, cuando el alumno tiene padres separados. Los dos progenitores tienen derecho a saber las notas, hablar con los tutores con independencia de quien tenga la custodia del niño.
–¿Se ha encontrado con casos que le hayan llamado la atención y que nunca hubiera pensado ver en un tribunal?
–Hay muchísimos, sobre todo, de quejas disciplinarias a los maestros. Los padres, por ejemplo, de un menor que denuncian a la profesora de Música por suspender a su hijo. A la maestra le impusieron una sanción de seis meses sin sueldo. También he visto la denuncia por la retirada del móvil a un joven, pero por la vía penal, es decir, que denunció al profesor y al director por apropiación indebida.
–Pero si el centro tuviera una norma para que el alumno no pueda usar el móvil en clase, ¿no les ampara?
–No. Las normas del centro pueden tener este tema incluido para proteger al docente, pero es cierto que esta normativa, a nivel jurídico, no sirve. No se puede prohibir el uso privativo de un bien. Se puede prohibir en clase, porque ahí se vulnera el derecho a la educación del resto de los compañeros, pero no se puede prohibir en el centro. Aunque hubiera esta norma, digamos que sólo serviría como atenuante, pero no ampara a nivel judicial al docente.
–La conclusión de este libro es que los docentes están indefensos tanto ante la sociedad como ante la Administración.
–Sí, sobre todo, porque no tiene el amparo de la Administración, si prevaleciese las actuaciones del docente ante un tercero no sería necesario, o bien, que la propia Administración proteja o haga una guía para defenderlo. Entonces estarían más protegidos. Pero no hay este documento. Además, ante el caso de una denuncia a un profesor, hay presunción de la culpabilidad, en lugar del principio de presunción de inocencia.
–¿Cómo? ¿Se le cree culpable? ¿Es porque trabaja con menores?
–La protección del menor siempre está por encima de cualquier cosa. Pero en este caso no es por eso. A partir de 12 años los alumnos tienen responsabilidad civil y saben lo que deben hacer. No es por trabajar con menores, sino porque no hay una protección al docente, igual que no hay una protección al sanitario. Es decir,  no se está invirtiendo en Educación, se está ahorrando. En este caso, el ahorro lleva a más alumnos por aula, se cesa a más interinos y eso desemboca en menos atención en las tutorías y más estrés. Es una actitud de la Administración educativa.
–¿Es más difícil se profesor en Melilla y Ceuta que en el resto de autonomías?
–No hay menos conflictividad. Hay más problemas en Madrid o Castilla-La Macha.
–¿Con conflictividad se refiere a que hay menos problemas con la Administración?
–Sí. Hay menos recursos jurídicos, pero porque dictan menos órdenes para Melilla y Ceuta. El Ministerio publica dos o tres mientras que las comunidades elaboran más normas.
–¿Han empeorado las condiciones de trabajo de los docentes en los últimos años?
–Hay menos retribuciones, más alumnos, menos profesores... También van a ir a peor como se apruebe la nueva normativa sobre especialidades porque habrá profesores de Inglés o Tecnologías que impartan clases de asignaturas que no dominan. Sus condiciones de trabajo empeoran, pero también los alumnos sufrirán un deterioro de la educación. Todo esto lleva a una situación anímica que afecta a su salud.
–¿Ha cambiado tanto la percepción del docente en la sociedad?
–La Ley de Autoridad ofrece la presunción de veracidad a lo que dice el profesor frente a otra persona, pero confunde al docente, pues cree que tiene autoridad sobre el alumno. Esta normativa crea indefensión. Si la Administración les protegiera, no haría falta la Ley de Autoridad.