Adjudican a la UTE formada por Urbaser y FCC el servicio de limpieza viaria

Ningún grupo de la oposición votó en contra, pero exigieron al Gobierno local que la selección de personal se realice respetando los principios de igualdad y transparencia.

La Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla adjudicó ayer de manera definitiva el servicio de limpieza vial y recogida de residuos sólidos urbanos a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Urbaser y FCC.
A la hora de las votaciones, el único grupo que no se pronunció a favor fue Populares en Libertad (PPL), que se abstuvo. El resto de la oposición se mostró a favor de la adjudicación, aunque con algunos matices, centrados la mayor parte de ellos en el proceso de contratación del personal por parte de la adjudicataria.
El primero en participar en el Pleno celebrado ayer para debatir este asunto (el único punto del día) fue el diputado y portavoz de PPL, Julio Liarte, quien opinó que el pliego de condiciones de este servicio no aborda correctamente las necesidades de limpieza urbana que presenta Melilla a día de hoy.
Además, reprochó que la adjudicataria sea la misma que ha venido desarrollando esta labor en los últimos años. “No juzgamos mal el trabajo que han realizado, pero es cierto que no ha sido el más idóneo”, apuntilló el portavoz de PPL. Asimismo, subrayó que la ciudad autónoma se merece un servicio que deje satisfechos a todos los melillenses.
Aunque concedió que el nuevo pliego de condiciones presenta ciertas mejoras con respecto a las prestaciones que se han ofrecido hasta ahora, consideró que será necesaria un profundo control para que sean efectivas, por lo que reclamó al Gobierno autonómico que “tenga voluntad política” para fiscalizar la labor de la UTE, pues desde PPL “no están seguros de que vaya a ser así”.
Así pues, el diputado de PPL concluyó su primer turno de participación justificando la abstención de su grupo “para tener las manos libres” y poder criticar con libertad aquellos aspectos que no sean de su agrado durante la realización del servicio de limpieza. Además, demandó que el proceso de selección de personal sea “limpio y transparente para evitar injusticias sociales entre la ciudadanía”.

Apoyo por el empleo

El portavoz del Grupo Socialista, Dionisio Muñoz, fue el siguiente en pronunciarse, señalando que se mostraba a favor de la adjudicación, principalmente por los 90 nuevos puestos de trabajo que se crearán con la prestación de este servicio. “Considero que es un contrato importante, tanto por la naturaleza de la prestación como por el volumen de inversión pública que se realiza, que entiendo que tiene buena parte de su base en la creación de empleo”, señaló el dirigente socialista.
Así pues, señaló que su grupo daba prioridad a la lucha contra el paro en detrimento de “cuestiones puntuales”, como la posible contaminación acústica que puedan generar los vehículos de limpieza empleados por la empresa cuando realice su servicio en horario nocturno.
“Optamos por el camino del empleo”, aseveró Muñoz. “Se crearán 90 puestos de trabajo estables y de calidad, pues el convenio colectivo del sector es bueno y el salario muy digno”. No obstante, tal y como hizo el portavoz de PPL, demandó que el mecanismo de contratación del personal sea transparente y que cuente con la participación de las principales formaciones sindicales de la ciudad autónoma. En este sentido, subrayó que su partido demandará al Ejecutivo de Juan José Imbroda que se ponga en contacto con la UTE para exigir igualdad de oportunidades en la contratación.
El líder de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, fue un paso más allá de lo expresado por el portavoz socialista y demandó que se pongan “nombre y apellidos” a los contratados para este servicio, haciendo uso de una discriminación positiva para favorece a los colectivos sociales más desfavorecidos de la ciudad.
Por tanto, expresó que su grupo votaría a favor de dicha cuestión, “en coherencia con su discurso para luchar contra el paro y la pobreza en Melilla”. Por otro lado, reprochó al Ejecutivo local que no se permita a la oposición estar presente en la Mesa de Contratación por motivos “meramente políticos”.
Asimismo, señaló que este proceso de adjudicación “se ha hecho de manera limpia y transparente, por lo cual CpM no ha presentado la oposición feroz con la que ha criticado otras contrataciones con las que no estaba de acuerdo”.

El turno de la discordia

Hasta este punto, parecía que el Pleno iba a finalizar sin mayores consecuencias y con el voto a favor de todos los grupos de la Asamblea, a excepción de PPL. De hecho, el portavoz del Grupo Popular, Daniel Conesa, agradeció a la oposición que no se hubieran pronunciado en contra.
Sin embargo, la intervención del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Calabuig, provocó que PPL y PSOE decidieran volver a pronunciarse sobre la adjudicación. Y es que el consejero comenzó su turno de palabra señalando a PPL “que no se había leído el pliego de condiciones” y que la UTE estaba en completa libertad de volver a presentarse al proceso de selección.
En cuanto al proceso de contratación de personal, subrayó que el debate que estaba teniendo lugar en la Asamblea en ese momento no tenía como objetivo tratar ese tema, así como que la Ciudad Autónoma no intervendrá en la selección de los empleados, y que ésta la realizará la empresa siguiendo sus propios criterios.
“El pliego es muy ventajoso con respecto al anterior, no sólo porque aumentemos el personal en 90 trabajadores, ya que también crearán una nave industrial valorada en 900.000 que pasará a ser propiedad de la Ciudad Autónoma al cabo de ocho años”, explicó el consejero.
El comentario sobre la selección de personal provocó que Muñoz volviera a pedir la palabra para reclamar al Gobierno local que tuviera la responsabilidad de fiscalizar el proceso. “Lo que no pueden hacer es adjudicar el servicio y luego desentenderse”, criticó.
Además, señaló que a los interesados en acceder a uno de los 90 puestos de trabajo que han pasado en los últimos días por la sede del PSOE, les han recomendado que pregunten a la Consejería de Medio Ambiente y a la propia empresa. Por su parte, Liarte reiteró que el pliego de condiciones había quedado, a su juicio, algo incompleto.
Fue el portavoz de los populares el que salió al paso de estas criticas. Así, aseguró que el Gobierno melillense exigirá el cumplimiento de las condiciones del contrato a la adjudicataria, e indicó a PPL que su postura le resultaba “incongruente”, pues si alguien tendría más legitimidad para reprochar posibles fallos en la concesión del servicio eran precisamente los partidos que se habían comprometido a apoyar la iniciativa.
En definitiva, la adjudicación vio luz verde con 20 votos a favor (los de populares, socialistas y cepemistas) y con dos abstenciones por parte de la bancada de PPL. Hay que recordar que faltaron tres diputados al Pleno. Pese a que ningún grupo de la oposición se pronunció en contra de esta la concesión del servicio, la grieta abierta en el aspecto de la selección de trabajadores podría crear algún enfrentamiento político en el futuro.
No obstante, la nota predominante en la jornada de ayer fue la de que la creación de 90 nuevos empleos en la ciudad autónoma era un asunto importante para la economía local en vista de las elevadas cifras del paro que hay en Melilla.

Una inversión de 45,6 millones de euros para cuatro años.

El contrato tiene una duración de cuatro años más dos prorrogables y supondrá un desembolso de 45,6 millones de euros.
La oferta de la UTE fue considerada como la más conveniente por la Mesa de Contratación de las tres que se presentaron. Mientras que la de Cepsa fue desestimada por estar fuera de plazo, la de Valoriza obtuvo una puntuación de 70 en el baremo, frente a los 95 de la unión entre Urbaser y FCC.
La licitación inicial era de 53,4 millones de euros, siendo la oferta presentada por Valoriza de 49,1 millones, mientras que la de la UTE que finalmente se ha hecho con la adjudicación del servicio fue de 45,6 millones de euros.

Medio Ambiente defiende las mejoras del pliego

El pliego de condiciones contempla una mayor mecanización del servicio mediante la adquisición de un total de 18 barredoras de calzada, seis cubas de 16 metros cúbicos, cuatro de 12 metros cúbicos y una nueva baldeadora de 6.000 litros.
Por otro lado, todos los distritos contarán con limpieza de repaso, que incluye barridos y tratamientos con agua. El Distrito VI de los polígonos comerciales de la frontera, el VII de la zona centro y el XII de la ciudad estarán tratados de manera más eficiente. Además, se han definido las velocidades de trabajo, de forma que los recorridos puedan ser asumidos correctamente.
Se han calculado las papeleras que necesita la ciudad distrito por distrito, atendiendo a los metros cuadrados de superficie tratable y al número de habitantes, pasando de 1.311 papeleras a 2.678, Cada una de ellas contará con su ficha donde podrá seguirse la vida de la ubicación.
Además, Calabuig aseveró que todos los vehículos llevarán incorporado un GPS para su localización y los capataces una PDA para agilizar las órdenes.