ACNUR, preocupado por la intención de legalizar las ‘devoluciones en caliente’

El portavoz dice que esa medida impediría a los inmigrantes solicitar asilo en nuestro país

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mostró ayer su “preocupación” por la propuesta del PP de legalizar las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes irregulares cuando intenten traspasar los perímetros fronterizos de Melilla y Ceuta de forma “clandestina, flagrante o violenta”.
“ACNUR destaca la importancia de permitir el acceso al territorio para buscar protección internacional. Entiende la complejidad del control de la frontera en Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Gobierno debería asegurar que cualquier iniciativa cumple con las obligaciones internacionales”, afirmó William Spindler, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
El portavoz recordó que bajo este nuevo proyecto de ley, una persona que atraviese irregularmente la frontera a través de alguna de las dos ciudades autónomas será automáticamente rechazada y no contará con las garantías establecidas por la ley nacional y europea para que cualquier ciudadano pueda solicitar asilo.
En este punto, Spindler se refirió a las declaraciones realizadas el pasado 22 de octubre por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, que clarificó que con la nueva legislación no se trata de legalizar las llamadas ‘devoluciones en caliente’,  sino de dar cobertura jurídica al ‘rechazo en frontera’ de los inmigrantes que intentan alcanzar territorio español, se quedan en terreno de nadie y no llegan a consumar su entrada en nuestro país. El portavoz de ACNUR explicó que su institución condena los rechazos en frontera porque esta práctica no dará ninguna oportunidad para aquéllos que huyen de la persecución y el conflicto para solicitar asilo.
“Rechazamos esta nueva práctica por dos razones: La primera por principios, porque todas las personas que están buscando protección deberían tener la oportunidad de ser escuchadas”, apostilló el portavoz del Alto Comisionado. Asimismo dijo que actualmente la mayoría de las personas que intentan alcanzar la Unión Europea (UE) son ciudadanos que huyen de países en conflicto y donde se violan los derechos humanos y por lo tanto podrían ser calificados como refugiados por la Convención de 1951.
En este sentido, Spindler dijo que el 60% de los inmigrantes que han intentando alcanzar España a través de Melilla y Ceuta proviene de “países asolados por la guerra, la violencia y la persecución” como Siria, República Centroafricana, Mali y República Democrática del Congo (RDC).
Hay que señalar que en 2013, unas 4.200 personas entraron por tierra o por mar en Melilla y Ceuta. En lo que llevamos de año, más de 5.000 inmigrantes han llegado a territorio español a través de alguna de las dos ciudades autónomas. Desde ACNUR apuntaron que 2.000 de ellos venían huyendo del conflicto en Siria y resaltaron que el 70% de este grupo eran mujeres o niños.
El portavoz destacó que lo que ACNUR pide es que todos aquellos que buscan asilo o refugio sean escuchados. Spindler señaló que si después de agotar todos los procedimientos y de un minucioso análisis de su caso se concluye que no cumplen los requisitos, entonces sí se pueden aplicar las leyes migratorias correspondientes y que estas personas regresen a sus países de origen.

Violencia en la valla
Por otra parte,  el portavoz del Alto Comisionado criticó “el creciente uso de la violencia en la frontera para evitar que inmigrantes y solicitantes de asilo entren en el país”. En concreto, se refirieron a las imágenes del salto del pasado 15 de octubre en las que se ve a agentes de las Fuerzas y Seguridad del Estado golpear a inmigrantes encaramados en la valla para intentar entrar en nuestro país.
“Este año ha habido varios incidentes violentos documentados e incesantes informes sobre rechazos en los enclaves”, dijo el portavoz. Spindler recalcó que desde ACNUR instan a España a no usar la violencia y a “respetar los derechos humanos” de los inmigrantes que tratan de entrar a nuestro país.  El Alto Comisionado recalca que ofrece su apoyo a las autoridades en esta tarea.