La prisión de Melilla cuenta con un total de 180 funcionarios, de los que alrededor de 90 se dedican a tareas de vigilancia de los presos. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) estima que serían necesarios otros 20 empleados más que se encargasen de esas labores para desempeñar su trabajo adecuadamente, según los representantes de este sindicato en nuestra ciudad.
El envejecimiento de la plantilla, la falta de personal, la precariedad laboral y la inseguridad en su puesto de trabajo son las principales quejas del colectivo, que ha iniciado este mes de agosto una serie de movilizaciones y protestas por las diferentes provincias españolas.
En el caso de Melilla, las protestas se han pospuesto para el mes de septiembre. Según fuentes de Acaip en nuestra ciudad, se llevarán a cabo manifestaciones, movilizaciones y una campaña de concienciación a la ciudadanía melillense que va a incluir el reparto de folletos informativos para que conozcan la situación de la prisión.
Otras de las críticas lanzadas por el colectivo es que creen que la intención de la Administración es caminar hacia la privatización. De hecho, ponen como ejemplo que en la puerta de entrada a la prisión de Melilla hay vigilantes privados realizando labores que antes desempeñaban agentes de la Policía Nacional.
Envejecimiento
El envejecimiento de las plantillas que se vive en todo el país también afecta a Melilla, explica Acaip. Según sus estimaciones, la media de edad del personal de la cárcel de nuestra ciudad supera los 50 años, mientras que la de los presos no alcanza los 30, por lo que las labores de vigilancia y control se hacen complicadas. El colectivo explica que son conscientes de los riesgos que entraña su trabajo pero que se ha llegado a una “situación límite” y de “abandono total”, por lo que reclaman una reposición de la plantilla.
Concursos de traslados
Representantes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en nuestra ciudad critican que desde hace cuatro años no se han convocado concursos de traslados para los funcionarios de la prisión melillense, negándoles la oportunidad de desplazarse a otras cárceles de la península.
La prisión de Melilla es fundamentalmente preventiva y solo acoge, salvos excepciones, a acusados de un delito que están a la espera de que salga el juicio y se dicte una sentencia. En algunos casos, si los familiares residen aquí o por otras circunstancias, sí hay condenados que cumplen su condena en la cárcel melillense. No obstante, el colectivo de funcionarios estima que la sensación de inseguridad que sufren los funcionarios es similar a la que se vive en otras cárceles del país.
Acaip recuerda que se produce una media de dos agresiones diarias a los funcionarios de prisiones en todo el país. En nuestra ciudad, el año pasado se contabilizaron dos. Para mejorar la situación, una de las peticiones del colectivo es que se reconozca a los funcionarios de prisiones la condición de agente de la autoridad.
Giro radical
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) demanda un “giro radical” de la política penitenciaria a nivel nacional para solucionar la situación “límite” a la que han llegado los funcionarios, sobre todo los que están en contacto directo con los presos.
La mayor parte de las críticas se las lleva el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. Representantes de Acaip en nuestra ciudad califican como “nefasta” su gestión al frente de las prisiones del país. Según denunciaron, su política se basa en la “inacción” y en “no hacer nada”. “Es el peor que hemos tenido nunca”, aseguraron. Por ello, exigen que haya un cambio en la dirección general que garantice también una transformación de la política de prisiones.
El mayor problema al que se enfrentan las instituciones penitenciarias, según fuentes de Acaip en Melilla, es la falta de personal en las cárceles de todo el país. De hecho, ponían como ejemplo las nuevas prisiones de Ceuta y Málaga, que no se pueden abrir por no contar con funcionarios suficientes para cubrir la plantilla.
Para empezar a trabajar para solucionar toda la problemática del sector, Acaip demanda mantener una reunión con Ángel Yuste puesto que, según afirman, desde hace cinco años no se ha celebrado ninguna. Lo acusan de estar está anclado “en el siglo XVIII”.
A nivel nacional, consideran que los tres puntos claves sobre los que hay que trabajar son la falta de personal (cifran en unas 2.100 plazas sin cubrir), el problemas de las agresiones y la inseguridad, y la falta de respuesta y diálogo por parte de la Administración.
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