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El colectivo presentó una queja oficial, junto al vídeo del presunto ataque, también ante el Defensor del Pueblo
Una comitiva de diez integrantes de la Caravana Abriendo Fronteras presentó ayer una queja oficial ante la Delegación del Gobierno y el Defensor del pueblo por la presunta agresión policial a una trabajadora transfronteriza. De acuerdo con los activistas, el ataque se produjo anteayer durante su recorrido entre los pasos fronterizos de Barrio Chino y Beni Enzar. Como prueba de ello y junto a la demanda, los activistas presentaron un vídeo del momento de la agresión que grabaron con un teléfono móvil.
La queja
Este grupo de la Caravana estuvo encabezado por Andrés García, Chiqui Lima y Yolanda Reclusa, que actuaron como portavoces ante la Delegación. En su queja formal destacaron que un agente de la Policía Nacional agredió “directamente de manera repetida con la defensa (porra) de forma completamente injustificada a un grupo de porteadoras” entre los pasos fronterizos antes señalados. El texto incide en que no se limitaron a “dar indicaciones verbales cuando las mismas (porteadoras) estaban obedeciendo”.
García, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Iridia, exigió a Delegación investigar el caso mediante el vídeo que adjuntaba, en el cual se reconoce, según dijo, al agente implicado en la agresión.
Este abogado señaló también que tanto los agentes de la Guardia Civil como los efectivos de la Policía Nacional presentes en ambos pasos fronterizos no estaban correctamente identificados. De acuerdo con García, este hecho contraviene la normativa y representa un indicio de “impunidad” contra medidas disciplinarias.
Por otro lado, Reclusa añadió a esta denuncia las “condiciones carcelarias” del espacio por el que transitan estas trabajadoras, al considerar que se encuentran con numerosas trabas arquitectónicas que generan aglomeraciones y les impiden cruzar la frontera con seguridad. Según recoge la queja oficial, la gestión de estos espacios estaría orientado al tratamiento de masas y no al acceso de personas cargadas con fardos que, además, necesitarían de traductores para poder relacionarse correctamente con los cuerpos de seguridad que controlan sus movimientos a ambos lados de la frontera.
Otro aspecto importante que resaltó Lima fue la vulneración que sufrían precisamente estas mujeres trabajadoras por el hecho de ser mujeres y migrantes. Por ello, exigió la “feminización de la frontera” para tener en cuenta sus necesidades específicas de género.
Las demandas
El texto exige a Delegación tomar medidas efectivas para que los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional lleven sin excepción el número de identificación visible en todo momento. Además, remarca la necesidad de realizar una investigación exhaustiva sobre la agresión y una reforma estructural arquitectónica.