El presidente de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, tachó ayer de “actitud esquizoide” la solicitud de la Fiscalía, apoyada por la acusación particular del Partido Popular (PP) en el caso ‘Voto por correo’, para retirar el DNI y la nacionalidad española a dos mujeres mayores que fueron citadas para declarar como testigos, pero que no entendían bien el castellano.
“Sólo se puede situar en una estrategia carroñera de querer intimidar y atemorizar” a los ciudadanos, criticó el líder de la oposición, quien se encuentra implicado en este procedimiento judicial como acusado, al igual que otros miembros de su partido y también del PSOE.
El cepemista lamentó rotundamente que “se quiera quitar la nacionalidad a los que luchan y aman su patria porque no se ha cumplido con ellos”, mientras que se pasa por alto o no se dice nada a quienes “quieren romper España”, en referencia directa a los “dos millones de ciudadanos que reclaman en Cataluña la separación del territorio nacional”.
Madres de Melilla
El líder de CpM recordó a la Fiscalía que las dos mujeres a las que pretende retirar el DNI y la nacionalidad española “podrían ser de las madres que en el año 1985, en Plaza de España, recibieron palos de las fuerzas de seguridad por reivindicar un derecho que luego un Gobierno, un Ministerio de Justicia y una Administración les reconocieron”.
Aberchán reiteró el “escrupuloso respeto y compromiso” que tiene su partido con las instituciones judiciales. Sin embargo, rechazó que “25 ó 30 años después, a través de la Fiscalía, se pretenda vulnerar ese derecho”. Por ello, pidió respeto hacia el “sentimiento” de “todos aquellos que han luchado para ser españoles”.
Por último, el cepemista aseguró que si esta circunstancia se diera en “otro momento”, en el que no se estuviera celebrando el juicio por el caso ‘Voto por correo’, CpM ya habría convocado “una gran manifestación”. No obstante, aseguró que si no lo hace es porque antepone “el deber y el ejercicio de respetar las instancias judiciales” y para que no se interprete como “una presión judicial”, hecho que los integrantes de CpM no quieren que suceda “bajo ningún concepto”.
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