Pagar deudas y comprar votos, objetivo de los contratos menores

Pagar las deudas contraídas con empresarios locales afines que habían concedido “préstamos” a Coalición por Melilla y financiar la compra de votos, eran los dos objetivos básicos de los contratos supuestamente fraudulentos que habrían concedido los exconsejeros cepemistas en el anterior Gobierno, tal y como recoge el atestado policial. Estos gestores públicos actuaban siempre bajo las órdenes del líder del partido y de la “organización criminal”, Mustafa Aberchán, actualmente en una cárcel de Santander.

Según consta en las investigaciones policiales desarrolladas durante 10 meses, durante la primera parte de la legislatura 2019-2023, la intención de CpM era la de saldar deudas con los empresarios afines que les habían dado dinero para la campaña “con la promesa de recibir contratación pública”. La segunda mitad de ese mismo período, por su parte, se destinó a “las adjudicaciones fraudulentas y otros recursos públicos”, entre los que los investigadores sitúan el reparto de alimentos y la compra de borregos, ésta por importe de 90.000 euros.

Y todo ello, indica el atestado, con el “consustancial y notable enriquecimiento de los investigados” en esta causa.

Para los investigadores resulta evidente que Mustafa Aberchán “pone en marcha en unión de los cargos políticos integrantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma la mecánica delictiva” lo que permitió “obtener millonarios recursos económicos procedentes del erario público” para esos fines ya comentados.

En total se establece la existencia de 291 contratos fraudulentos por importe global de 6,1 millones de euros. La investigación apunta que solo el yerno de Aberchán y su hermano habrían obtenido más de un millón de euros mediante esas contrataciones.

Inicio en 2008

La Policía Nacional tiene claro que la organización criminal empezó a gestarse en 2008, elecciones por las que Aberchán es condenado precisamente por la compra de votos. Para los investigadores es el 26 de mayo de 2019 cuando CpM consigue “el primer gran fraude electoral” que le permitió entrar en el Gobierno con el PSOE y Eduardo de Castro y, al mismo tiempo, “manejar un generoso presupuesto con el que intentaron revalidar la victoria, en este caso por mayoría absoluta, en las elecciones del 28 de mayo de 2023 de no haber actuado las instituciones”.

El atestado de referencia establece, igualmente, que entonces se configuró un acuerdo entre los contratantes (consejerías de CpM), invitados y adjudicatarios a través de una red “creada, liderada, auspiciada, fomentada y orquestada personalmente” por Mustafa Aberchán, en la que también se incluye intercambiar alimentos por votos.

“La mecánica que la organización criminal puso en marcha está basada en las acuciantes carencias y la pobreza que especialmente impera en los distritos 4 y 5 de la ciudad, situación de la que se ha aprovechado (...) Por intentar ser claros: han intercambiado hambre por votos”.

Influencia

A modo de demostración de la capacidad de influencia de Aberchán (al que califica la policía como “presidente de facto” de la Ciudad Autónoma), el atestado recoge cómo “le escribe la hoja de ruta que tiene que seguir” al titular de Distritos, Mohamed Ahmed, “entre la que se encuentra la mecánica de la compra de votos por correo referida a los supermercados”.

Tal era la capacidad de mando sobre Mohamed Ahmed que éste le pregunta a Aberchán por la forma de pagar el concierto de Morad, a lo que le responde que mediante el fraccionamiento de contratos, tal y como, siempre según el atestado, le informa el interventor. Es más, el consejero de Distritos le dice que “no firmo hasta que no me des la orden” con respecto a las actividades por el Día de Melilla.

Igualmente, los investigadores señalan que la organización criminal necesitaba disponer de un centro de operaciones (al que llaman 'La base') que, en este caso, se situó en la “sede” de la que CpM disfrutaba en el número 66 de la Carretera de Farhana, que fue registrada por efectivos policiales en mayo de 2023.

Allí se reunieron poco antes de las elecciones los miembros del partido con “empresarios afines” a los que “pidieron dinero para financiar la compra del voto por correo, tejiendo una red empresarial a la que luego beneficiarían merdiante adjudicaciones de contratos públicos”.

El atestado contiene el resumen de las conversaciones telefónicas entre los miembros de la organización criminal, entre otros métodos de prueba relacionados con este caso.

Amenazas

Un contrato que no satisfizo como pretendía un empresario fue el motivo por el que el exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, fue duramente amenazado por esa persona (Z.M.A.), tanto que presentó denuncia después de que las advertencias de hacerle daño a él o a su familia mediante el secuestro se vinieran repitiendo desde marzo de 2023.

El empresario en cuestión le reclamaba el pago de 150.000 euros y le avisaba de que “secuestraría a sus hijos” si no le abonaba dicha cantidad. La denuncia se presentó después de que Rachid Bussian llegara a la conclusión de que ese individuo pudiera materializar sus amenazas tras haberlo agredido en agosto del pasado 2023.