El contrato se lo ha llevado por 46.000 euros la empresa del ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, imputado por prevaricación y cohecho por la forma en que privatizó los servicios sanitarios madrileños.
El Ministerio de Sanidad ha contratado a la empresa BusinessAssessment Plans and Projects Health, presidida por el ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, un nuevo modelo de gestión del hospital Comarcal de Melilla. La noticia ha puesto en guardia a sindicatos y asociaciones defensorasde la sanidad pública porque Lamela está imputado por un presunto delito de prevaricación y cohecho por la forma en que llevó a cabo la privatización de los servicios sanitarios madrileños. En esencia, la empresa de Lamela se ha adjudicado un contrato de 46.115 euros para brindar asesoramiento y asistencia técnica al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de Melilla para la implantación de unidades de gestión clínica en el Comarcal de Melilla. Concretamente, según el Ingesa, Business Assessment Plans and Projects Health se encargará de detectar qué unidades o servicios sanitarios se pueden unificar en Melilla. Por ejemplo, desde el Instituto de Gestión Sanitaria de la ciudad hablan de unir maternidad infantil con pediatría. Desde el Ingesa niegan que nadie ajeno al Comarcal vaya a tomar ninguna decisión estratégica para el hospital o que se vaya a contratar personal privado para que entre a trabajar en esas unidades. Según explicaron ayer, lo primero será detectar qué unidades se pueden unificar de manera que cada una gestione su presupuesto. En teoría, la empresa de Lamela tiene cuatro meses para preparar el informe que le han pedido. Según el pliego de condiciones del contrato, se trata de diseñar la “descentralización de forma progresiva de la organización hospitalaria” para dotar de autonomía a las unidades asistenciales que se creen con la asesoría del ex consejero de Sanidad de Madrid. La idea, añade el pliego, es “descentralizar la responsabilidad de la toma de decisiones de gestión, mejorando la relación entre la calidad y el coste de los servicios”. O sea, en caso de una supuesta unificación por ejemplo de maternidad y pediatría, esta nueva unidad tendría un único gestor que decidirá qué materiales y servicios debe contratar.
Esa labor actualmente corresponde al gerente del Comarcal, que gestiona todas las áreas en su conjunto. Según explica el pliego de condiciones, “la gestión clínica pretende incrementar la eficiencia del sistema sanitario, mejorando la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos y dotando a los profesionales de la responsabilidad necesaria para que puedan tomar decisiones en beneficio de los pacientes”. De hecho, los promotores de esta nueva forma de gestión consideran que “favorece la motivación de los profesionales para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios al dotarlos de más autonomía”. El Ingesa defiende el modelo de gestión clínica porque considera que de esta forma los profesionales sanitarios se identifican y participan más en la organización y la calidad asistencial. La empresa de Lamela tendrá no sólo que evaluar qué servicios clínicos son susceptibles de convertirse en unidades asistenciales sino también adaptar el mapa de servicios y unidades del hospital a la estructura de las áreas o unidades de gestión clínicas. Así deberá presentar una propuesta de cómo serán esas unidades, en qué servicios se iniciará el sistema piloto; tendrá que elaborar instrumentos para gestionar las unidades seleccionadas, apoyar la implantación de estas unidades y elaborar un contrato de gestión de las mismas. Según el Boletín Oficial del Estado, la empresa de Lamela se lleva el contrato por presentar la oferta económica más ventajosa para la Administración.
UGT denuncia la creación de “microempresas” dentro del Comarcal Sindicatos. El secretario general de la FSP-UGT de Melilla, Javier Valenzuela, denunció ayer la intención del Ministerio de Sanidad de implantar en los hospitales de Melilla y Ceuta las Unidades de Gestión Clínica. Según UGT, son microempresas dentro de los centros sanitarios públicos con entidad jurídica propia. “Departamentos que podrán administrar su propio presupuesto y que contarán con personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas, sometido a un sistema de incentivos en función de criterios de eficiencia”. UGT critica que se contrate para ello a Manuel Lamela, imputado por prevaricación y cohecho por la gestión de la sanidad pública madrileña. “Un despilfarro”, para asociaciones defensoras de la sanidad pública La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública rechazó ayer el contrato firmado entre el Ministerio de Sanidad y la empresa Business Assessment Plans and Projects Healthcare, presidida por Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de Madrid, y lo calificaron de “despilfarrador e injustificado”. En una nota, esta federación denunció ayer “el intento” de Sanidad de privatizar hospitales “de manera encubierta”, por lo que exige la cancelación de este contrato y la dimisión de los responsables de realizarlo. La Federación critica además que el contrato se haya adjudicado a la empresa de Lamela, “una persona sobre la que pesan graves acusaciones”. También considera que este informe podrían hacerlo técnicos del Ministerio. “Se está incurriendo en un despilfarro que carece de justificación, máxime cuando se están realizando recortes en prestaciones fundamentales”, subrayan. La Federación recuerda que Lamela inició el proceso privatizador “que ha estrangulado” la sanidad pública madrileña. Asimismo alerta del “interés” de empresas privadas por fomentar el “turismo sanitario”, y que Ceuta y Melilla son “una excelente plataforma para propiciar el procedente de Marruecos”.
CCOO critica que se cree un “reino de taifas” en el hospital de Melilla Sanidad. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO criticó ayer al Ministerio de Sanidad por el cambio de gestión clínica que quiere promover en los hospitales de Melilla y Ceuta, ya que entienden que se trata de una “privatización” que convertirá la sanidad pública en un sistema de “reinos de taifas ingobernable”. El sindicato considera que la decisión de la ministra Ana Mato de conceder a dos empresas con poca experiencia la asistencia técnica para la definición de un modelo de gestión clínica y su posterior desarrollo en Melilla y Ceuta supone un cambio de modelo “a golpe de normativa”. CCOO critica además que la decisión de encargar un nuevo modelo de gestión del Hospital Comarcal de Melilla se haya hecho sin contar con la opinión de los sindicatos mayoritarios, sobre todo, cuando se está hablando de cambios que pueden afectar la organización y la retribución del trabajo del personal sanitario. Asimismo, denuncia que se haya modificado el pliego de condiciones de licitación para suavizar la exigencia de experiencia de las empresas que concurrieron al concurso. También critica que se recurra a empresas privadas para realizar un estudio que podría hacerse desde el mismo Ingesa.
Imbroda: “Mientras yo sea presidente no se va a privatizar ningún hospital” Una vez más el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, no se ha andado por la ramas y fiel a su estilo aseguró ayer que no habrá privatización de la sanidad pública melillense. “Mientras yo sea presidente no se va a privatizar ningún hospital”, afirmó tajante. Imbroda fue más allá y dijo que la supuesta privatización del hospital de Melilla es “mentira” ya que tanto el Hospital Comarcal como el Universitario de Ceuta seguirán siendo públicos. El presidente hizo frente así la cascada de reacciones que provocó la noticia del encargo de un nuevo modelo de gestión para los hospitales de las ciudades autónomas. El de Melilla, a la empresa del ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, imputado por supuestos delitos de prevaricación y cohecho durante la privatización de la sanidad madrileña. Al hilo de las acusaciones que llegaron ayer al Ingesa y al Gobierno local desde la oposición, los sindicatos y las asociaciones defensoras de la sanidad pública, Imbroda afirmó que “otra cosa es que por 36.000 euros (en realidad son 46.115 euros) se contrate a una empresa de gestión para hacer una auditoría para ver si funcionan bien, mal o regular o se pueden mejorar”. Y por si estos argumentos no fueran suficientes, el presidente de Melilla negó de forma tajante que en la reunión que tuvo la semana pasada con la ministra de Sanidad, Ana Mato, se abordara este asunto. Al hilo de esta aclaración, el presidente insistió en que lo que se ha encargado a la empresa Business Assessment Plans and Projects Health es “un contrato para hacer una auditoría” algo que, según explicó, hacen todas las instituciones públicas con frecuencia. Con estos argumentos en la mano, Imbroda invitó a la oposición que ha criticado el nuevo modelo de gestión del Comarcal en Melilla y del Universitario de Ceuta a “ir bajando un poco los ánimos” porque no habrá privatización.
Una asesoría, según Robles Por otra parte, el director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Francisco Robles, señaló ayer que el contrato que ha adjudicado a la empresa del ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, es sólo para asesorar al Ingesa sobre qué unidades o servicios sanitarios son susceptibles de ser unificados “y constituir estas unidades de gestión pública”. “Eso no significa, ni mucho menos, que se vaya a privatizar la asistencia”, puntualizó Robles. Además, insistió en que “nadie ajeno al personal propio (del Ingesa) va a mandar algún tipo de decisión estratégica en la asistencia sanitaria que se oferte a los melillenses”. Al hilo de esta aclaración, Robles negó además que se vaya a contratar a personal privado para trabajar en las unidades de gestión que se creen por indicación de la empresa de Lamela. Hay que tener en cuenta que los sindicatos temen que haya contrataciones de personas externo y que éstas afecten a la remuneración del personal sanitario. Según el director del Ingesa, el nuevo modelo de gestión busca “incentivar la calidad asistencial que reciben ahora los usuarios del Comarcal”.
El Ingesa rechaza la alarma por la supuesta privatización El director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla, Francisco Robles, rechazó ayer la “alarma” generada por la “supuesta privatización” del Hospital Comarcal. De hecho, Robles negó rotundamente que exista tal peligro y dijo que la asistencia sanitaria en la ciudad va a seguir dependiendo económicamente del Estado. El responsable del Ingesa en la ciudad quiso ayer enviar un mensaje de “tranquilidad” a la población melillense y aclaró que presupuestariamente, la atención sanitaria en la ciudad “siempre va a estar bajo el paraguas del centro de gasto y del Ingesa”. Incluso explicó que él personalmente está “convencido” del modelo público de sanidad y dejó claro que lo que ha hecho el Ingesa “no significa ni mucho menos que se vaya a privatizar la asistencia, como al parecer se ha dicho”. Tampoco afectará a la asistencia sanitaria que ofrece actualmente el Comarcal a muchos ciudadanos marroquíes que viven en las zonas limítrofes y que se desplazan a la ciudad autónoma para ser atendidos en el servicio de Urgencias, fundamentalmente mujeres que llegan para dar a luz. En este punto destacó que la asistencia sanitaria a extranjeros estáregulada por las directrices y normas vigentes.
La Delegación del Gobierno niega el recorte de servicios La Delegación del Gobierno negó ayer que la adjudicación de la “asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su despliegue” en el Comarcal vaya a suponer una privatización del centro sanitario o un recorte de la cartera de servicios que ofrece en la ciudad. El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, señaló ayer que la información publicada que apunta a una privatización es “absolutamente falsa y errónea”, ya que lo que se pretende con esta adjudicación es “mejorar las unidades de gestión clínica para conseguir mejores resultados con los mismos recursos”. El Barkani aclaró que se busca dar más responsabilidad al personal sanitario, fundamentalmente a los facultativos, para que gestionen los recursos destinados a la sanidad local.
El PSOE pedirá que Ana Mato comparezca en el Congreso por el contratoque dio a Lamela
El PSOE pedirá que la ministra de Sanidad, Ana Mato, explique con urgencia en el Congreso por qué ha adjudicado a la empresa presidida por Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de Madrid, la “asistencia técnica” para la definición de un nuevo modelo de gestión en el Hospital de Melilla. Así lo afirmó ayer la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez. La ex ministra de Zapatero cree que esta adjudicación denota “una falta de ética inadmisible”. Jiménez recordó que Lamela está imputado por prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. A juicio de la socialista, Mato tiene que explicar por qué está pidiendo asesoramiento para intentar privatizar de los dos únicos hospitales que dependen directamente del Ministerio de Sanidad. “¿Cuáles son las razones? ¿Es que acaso tiene algún conocimiento de que la gestión privada puede ser más eficiente que la gestión pública? Porque los datos que tenemos aquí demuestran justo lo contrario”, subrayó. Además, Jiménez quiere que la ministra exponga por qué ha decidido contratar una asesoría técnica ajena al Ministerio cuando en el Instituto de Salud Carlos III y la Escuela Nacional de Salud Pública hay “extraordinarios expertos”.
Camino a la privatización Por su parte, el secretario general de los socialistas melillenses, Gregorio Escobar, aseguró ayer que su partido se opondrá “frontalmente” a la privatización de la sanidad y acusó al PP de querer un nuevo modelo de gestión para el nuevo hospital de Melilla”. En opinión de Escobar, la adjudicación del contrato para llevar a cabo una nueva gestión del Comarcal “es el primer paso para laprivatización”, pese a que el PP emplee “eufemismos” para referirse a ella. Asimismo, Escobar se teme que en la reunión que tuvieron la semana pasada el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y el presidente Imbroda con la ministra Ana Mato se abordara la privatización del Comarcal o en caso contrario el Ministerio habría ninguneado a los representantes de Melilla. Ayer además el PSOE de Ceuta, anunció que combatirá “política y judicialmente” las intenciones del Ministerio de privatizar la gestión de los hospitales de las dos ciudades autónomas.
Sanidad dice que el modelo que se implantará en Melilla ya funciona en Andalucía y Galicia
El Ministerio de Sanidad aseguró ayer a El Faro que el modelo de gestión que se quiere implantar en el Hospital Comarcal de Melilla ya funciona “desde hace tiempo” en Andalucía, el País Vasco, Galicia y Valencia, entre otras comunidades, “sin que se haya puesto en quiebra, en ningún momento, el modelo público”. “La creación de las áreas de gestión clínica en los centros hospitalarios no supone ninguna modificación en el modelo de gestión, por lo que se mantendrá el actual modelo de gestión pública directa”, aclararon desde el Ministerio de Sanidad . Desde el Gabinete de Prensa de del departamento que dirige la ministra Ana Mato apuntaron ayer a este periódico que “la puesta en marcha de áreas de gestión clínica en cualquier organización sanitaria, pretende impulsar la organización hacia el proceso asistencial y la atención integral del paciente, así como implicar a los profesionales en la gestión, sin valorar el mecanismo de acceso de los pacientes a la atención sanitaria”. Asimismo desmiente las afirmaciones de sindicatos como UGT que apuntaban a que las unidades de gestión clínica son “microempresas” con entidad jurídica propia. “Las áreas de gestión clínica no tienen personalidad jurídica, por lo que la relación de los profesionales de estas unidades sigue siendo la misma que la actual (personal estatutario del Ingesa)”, señalaron a El Faro. Desde Sanidad explicaron además que “la gestión clínica es un sistema de descentralización de la gestión, manteniendo el modelo actual, cuya finalidad es lograr una mayor implicación del profesional en la toma de decisiones y mejorar la calidad de la asistencia a los ciudadanos”. En palabras del Ministerio, el objetivo del Ingesa y por tanto de la ministra Ana Mato “es hacer una gestión más eficiente y eficaz con el actual modelo de gestión pública y lograr una mayor participación de los profesionales en la toma de decisiones, con el objetivo de incrementar la calidad en la atención sanitaria que se presta a los pacientes de Melilla y Ceuta”.
No habrá privatización Se puede decir más alto, pero no más claro. Desde el Ministerio de Sanidad destacaron ayer, en declaraciones a El Faro, que “dentro de los objetivos del Ingesa no está planteada la privatización de la gestión sanitaria en los hospitales Melilla y Ceuta”. Desmienten así las acusaciones vertidas ayer por el Partido Socialista que hacían hincapié en que la ministra Ana Mato ha dado el primer paso para la privatización de la sanidad melillense al adjudicar el diseño de un nuevo modelo de gestión del Comarcal al ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, imputado por un delito de presunta prevaricación y cohecho por la forma en que manejó en su momento la privatización de la sanidad madrileña. Hay que recordar que Ana Mato es la ministra que ha sacado adelante el copago sanitario, aunque ella lo llama “participación del paciente”.
Manuel Lamela, el privatizador de la sanidad madrileña
Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se encargará de prestar asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión del Hospital Comarcal de Melilla. El hecho de que sea su empresa, Business Assessment Plans and Projects Healthcare, la encargada de llevar a cabo el nuevo diseño de la gestión del centro hospitalario melillense ha puesto en alerta a la oposición, los sindicatos y las asociaciones que defienden la sanidad pública. El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ratificó el 29 de octubre pasado la imputación que pesaba sobre Manuel Lamela por su gestión de la externalización sanitaria relativa al hospital Infanta Elena, en Valdemoro, el Rey Juan Carlos, en Móstoles y el Hospital de Torrejón de Ardoz. En el procedimiento se investiga la comisión de supuestos delitos de “realización arbitraria del propio derecho”, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid. A Manuel Lamela se le imputa el delito de prevaricación y cohecho por haber intervenido, presuntamente, en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco “incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon”, según consta en el auto del juez Sexmero. Lamela dejó el Gobierno de Madrid en 2008, al mostrar su apoyo a Mariano Rajoy en la pugna por el control del PP que sostuvo ese año con Esperanza Aguirre. Business Assessment Plans and Projects Healthcare, la empresa que preside, fue creada en abril de 2010 y según el registro mercantil se dedica “al asesoramiento integral de personas físicas o jurídicas, mercantiles o civiles, asociaciones y fundaciones en todo lo concerniente a la explotación de mercados y oportunidades de negocio en el ámbito sociosanitario.
