La Asociación Unificada de Guardias Civiles quiere que Torres-Dulce dictamine si los agentes de Melilla podrían estar cometiendo alguna ilegalidad al cumplir determinadas órdenes de los mandos.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Melilla (AUGC) ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue si las devoluciones de inmigrantes en la ciudad son o no legales.
“Ante las dudas planteadas sobre la legalidad de las devoluciones de inmigrantes irregulares que llegan cada día a la Ciudad Autónoma” la AUGC de Melilla pide al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que “informe con la mayor brevedad posible sobre si los agentes pueden incurrir en alguna ilegalidad al cumplir estas órdenes”.
Cuando habla de “dudas”, la Asociación Unificada de Guardias Civiles se refiere a las denuncias de “expulsiones ilegales en caliente” formuladas por varios grupos parlamentarios en el Congreso y recogidas por El Faro.
“Las dudas que las formaciones políticas UPyD, IU y Equo han remitido al Congreso de los Diputados con diversas preguntas parlamentarias sobre esta posible ilegalidad son las que llevan a AUGC Melilla a solicitar la intervención de la Fiscalía General ya que los guardias civiles, que cada día deben combatir el problema de la inmigración irregular, se encuentran indefensos jurídicamente al desconocer si en algún momento pueden estar vulnerando los derechos de los inmigrantes”, explica en una nota la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Asimismo, desde AUGC recuerdan que no es la primera vez que la asociación muestra públicamente su malestar por la falta de “unas pautas concretas” de actuación con los inmigrantes.
Hay que recordar que hace apenas una semana el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, negó por escrito a la Asociación Unificada de Guardias Civiles la confección de un protocolo de actuación para la devolución de inmigrantes irregulares.
La resolución del teniente coronel de Melilla, recurrida por AUGC ante el general jefe de la zona de la Guardia Civil en Sevilla, denegaba la petición del protocolo de actuación por considerar que la Asociación Unificada de Guardias Civiles, al solicitarla, se “extralimitaba” en sus derechos representativos.
AUGC aclara que ha tomado la decisión de recurrir a la Fiscalía General del Estado porque la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, “en una clara dejación de defensa de sus trabajadores”, se ha negado a facilitarle un protocolo de actuación.
Asimismo desde la asociación recalcan que sólo les mueve el interés por “proteger los derechos de los guardias civiles y de los inmigrantes, para que ninguno de ellos vea en ningún momento vulnerados sus derechos”.
Para AUGC, “la falta de un protocolo de actuación con la inmigración ilegal, que la Comandancia de Melilla se niega a dar a los guardias civiles, pone en duda la legalidad de las devoluciones a Marruecos”.
De relación cordial a “caza de brujas”
Los miembros de AUGC en la península se sorprendían cuando desde la federación de Melilla les comentaban que mantenían una relación cordial con los mandos de la Comandancia en la ciudad. Sin embargo, tras la Asamblea general de AUGC, celebrada el pasado 23 de abril, la sintonía empezó a enturbiarse. Para empezar, el secretario jurídico de la asociación fue expedientado con una falta grave por pedir que le cambiaran una silla rota de una garita. A continuación el secretario de comunicación de la asociación fue trasladado de su puesto en los juzgados a la valla. Es diabético y poco después fue hallado inconsciente con una bajada de azúcar en su puesto de trabajo. Ante esta situación AUGC denunció una “caza de brujas” y el agente que se desvaneció en una garita interpuso una querella criminal contra el capitán que le envió a la valla, acusándolo de vulnerar las medidas de seguridad en el trabajo. Luego vino la petición del protocolo de actuación ante la inmigración ilegal, que el jefe de la Comandancia denegó. Ahora las malas relaciones llegan a la Fiscalía General del Estado.
AUGC exige ceses si algún mando expulsó a menores
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se posicionó ayer en torno a la presunta implicación de un teniente de la Comandancia de Melilla en la devolución a Marruecos de dos menores tutelados por las autoridades melillenses. En una nota de prensa, AUGC “exige que se den cuenta de las circunstancias que motivaron esta devolución”. Asimismo aclara que en el caso de que se haya actuado sin ningún respaldo legal que apoye la expulsión de esos menores la asociación “reclama a la Guardia Civil que se depuren todas las responsabilidades, empezando por el que dio la orden de devolución y terminando por el teniente, pidiendo que sean cesados en sus puestos”.
Respecto a los menores expulsados, AUGC apunta que “si su expulsión ha sido ilegal, solicita que se tomen las medidas oportunas para que sean devueltos a la tutela de las autoridades melillenses”. Así, añade la asociación, “no sólo no se vulnerarán los derechos de estos menores sino que se restituirá la buena imagen de la Guardia Civil, dañada por la incertidumbre creada en torno a la legalidad de estas actuaciones”.
Estas declaraciones de AUGC vienen a raíz de que el diputado de IU Gaspar Llamazares presentara en el Congreso una batería de preguntas relacionadas con las actuaciones de la Benemérita en Melilla. Entre ellas pide que se esclarezca la presunta devolución a Marruecos de dos menores tutelados por la ciudad. Según Llamazares, ocurrió el pasado 14 de noviembre y en esta actuación ilegal estarían supuestamente implicados un teniente, un sargento y varios guardias civiles de Melilla que habrían expulsado a los dos menores por la puerta de mantenimiento de la valla A-13 a plena luz del día.
Una ilegalidad que “sólo pasa en Melilla”
El secretario nacional de Acción Asociativa de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) aseguró ayer a El Faro que las presuntas devoluciones de inmigrantes en caliente sólo se están registrando en Melilla. “En Ceuta eso no pasa. Estaríamos hablando de un caso puntual de Melilla. El inmigrante que entra en Ceuta se lleva a la Policía”.
En opinión del responsable de AUGC destinado en Ceuta, el hecho de que la federación de Melilla haya solicitado a la Fiscalía General del Estado que se pronuncie sobre la legalidad o no de las devoluciones de inmigrantes, obliga a esta institución a abrir diligencias y ver si hay alguna irregularidad.
Asimismo ha afirmado que es preocupante la denuncia de varios partidos políticos sobre las presuntas devoluciones irregulares porque se supone que se habrían hecho con el visto bueno de sus gabinetes jurídicos.
El responsable de AUGC ha destacado además que la solicitud de intervención del fiscal general se tramita porque la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Melilla quiere que las cosas se hagan “lo más legal posible” y que se garanticen los derechos de los agentes de la Benemérita y de los inmigrantes.
Asimismo el alto cargo de AUGC recalcó que los guardias civiles están para hacer cumplir la ley, pero no son juristas. “Si hay una cosa clara es que este problema de Melilla no se está dando en otros puntos de España”, añadió.
Respecto a la supuesta devolución de dos menores tutelados por la Administración a través de una puerta de servicio de la valla, desde AUGC insisten en que se deben depurar responsabilidades. “¿Quién es un teniente para hacer eso en contra de la ley?”
Finalmente subrayó que si lo que está ocurriendo en Melilla es un problema político, “que lo resuelvan los políticos”.
“No hay atestado en Comisaría”
Desde la Jefatura Superior de la Policía de Melilla, a través de su Gabinete de Prensa, aseguraron ayer a El Faro que una vez consultados los atestados del pasado 15 de febrero de 2012 no hay constancia de que cuatro menores marroquíes fueran golpeados dentro de la Comisaría, acusados de pequeños hurtos, como ha denunciado Gaspar Llamazares en el Congreso. “De esa fecha, no hay constancia de una situación como ésa en la que se haya producido un maltrato hacia menores”, apuntaron de la Jefatura Superior.
Asimismo añaden que el relato de los hechos denunciados por Llamazares carece de total verosimilitud, o sea, que no tiene apariencia de verdadero.”Los policías de esta Jefatura Superior respetan la legalidad vigente y proporcionan un trato a los detenidos totalmente respetuoso y profesional”, añaden en su respuesta a El Faro.
Acto seguido aclaran que “ante cualquier hipotética extralimitación en sus funciones, a los policías implicados se les aplicaría el vigente Reglamento Disciplinario, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar”.
En cuanto a la denuncia sobre las actuaciones policiales en la casa del líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, desde la Jefatura Superior recalcan que no les corresponde a ellos como institución “hacer valoración alguna sobre las manifestaciones u opiniones realizadas por un político”.
Plataforma Policial
“No vamos a hacer declaración ni a favor ni en contra”
Con el cambio de portavoz, la Plataforma Policial, que representa a los sindicatos policiales de la ciudad y a la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha pasado de hablar alto y claro sobre todos los problemas que afectan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la ciudad a emitir un comunicado para anunciar que no tiene nada que decir sobre las devoluciones de inmigrantes en caliente que han llegado al Congreso de los Diputados. “Esta plataforma no va a realizar ningún tipo de declaración ni a favor ni en contra” de las manifestaciones de IU, UPyD y Equo, acusando a los guardias civiles de cometer irregularidades devolviendo inmigrantes a Marruecos y a la Policía Nacional, de propinar palizas a menores marroquíes en la Jefatura Superior de Melilla.
La Plataforma Policial afirma además que no se va a manifestar sobre las acusaciones de Gaspar Llamazares publicadas por El Faro (agresiones policiales en la casa de Aberchán el pasado 25 de abril y devoluciones de menores tutelados por la Administración) ya que esas preguntas pueden derivar en “una apertura de información e investigación por parte de las autoridades competentes”.
La Plataforma Policial considera que esas denuncias “están siguiendo el trámite correcto” en el Congreso y aclaran que la nueva portavocía no quiere convertirse en un “órgano de propaganda de ningún partido político”. No obstante apoyan a AUGC en su solicitud de un protocolo de actuación ante la devolución de inmigrantes.
