Con un minuto de silencio en memoria de una nueva víctima de violencia de género, en este caso una mujer de La Coruña, comenzó este jueves un pleno extraordinario en el que había un asunto importante que tratar por encima de los demás.
Este era la prórroga del contrato de explotación de la Residencia de Estudiantes y Deportistas a cargo de la empresa Ostemel durante seis meses y cuatro días, esto es, hasta mitad de 2024.
Al igual que sucedió en la comisión convocada previamente el pasado día 5 de diciembre, el pleno de a Asamblea lo aprobó por unanimidad, pero no sin falta de reproches por uno y otro lado entre el Gobierno y la oposición.
Comenzó hablando el diputado de Coalición por Melilla (CpM) Rachid Bussian, encargado de la Residencia durante la anterior legislatura, y anunció que el plazo “puede quedarse corto” en función de los Presupuestos Generales de la Ciudad para el año que viene.
También criticó al consejero de Educación, Juventud y Deporte, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison, por haber creado “inquietud” entre trabajadores y usuarios de la residencia por medio de un mensaje de WhatsApp en el que supuestamente había anunciado el cierre de las instalaciones “sin tener en cuenta las consecuencias” y “sin contar con sus compañeros de Gobierno”, ni avisar a los usuarios ni a la empresa. Ello, dijo, creó “incertidumbre” en las 28 familias de los trabajadores del centro, por cuya situación preguntó Bussian.
Además, inquirió acerca de la alternativa para los usuarios del lugar en un momento en el que la Ciudad Autónoma está teóricamente apostando por potenciar la universidad.
Por su parte, el diputado socialista Rafael Robles puso el acento en el “interés general” del servicio y en el hecho de que, mientras duren las obras en el edificio, estudiantes y deportistas se puedan quedar sin alojamiento. También recordó la incertidumbre que rodea a los trabajadores, que, para más inri, son personas discapacitadas en un 80 por ciento.
Así, tras desear que el consejero ya los haya tranquilizado, el diputado del PSOE exigió que la empresa que llegue a partir del día 30 de junio subrogue a toda la plantilla. Ese día, además, confía en que esté la obra terminada y que el nuevo contrato esté ya preparado.
Robles, pese a todo, también piensa que será difícil teniendo en cuenta los tiempos de la Administración y las complicaciones que puedan surgir en el trámite. En cualquier caso, en su opinión, esta Residencia es insuficiente para albergar a tantos estudiantes como quiere traer la Ciudad, a la que preguntó de qué otras soluciones dispone.
Desde Vox, su diputado Javier da Costa también apoyó la continuidad de los trabajadores de la Residencia. Para que tanto éstos como los estudiantes se vean afectados lo menos posible por los inconvenientes de las obras que se han de realizar, Da Costa propuso que estas se realicen por fases, de manera que la actividad en ningún momento cese por completo. En una de las anteriores comisiones, el Grupo sugirió incluso un ERE para los trabajadores, con el fin de que no perdiesen su antigüedad.
Para el diputado de Somos Melilla, Amin Azmani, mientras tanto, el problema va más allá de la legislatura anterior, y consiste en “la pasividad absoluta a la hora de abordar los contratos públicos”, lo cual muchas veces genera prórrogas o contratos de urgencia “innecesarios”, como últimamente ha sucedido con la empresa de limpieza.
Azmani se mostró seguro de que un contrato de seis meses “no resolverá el problema” para los usuarios –unos 150– ni para los trabajadores, cuya “incertidumbre es mayúscula”. En este sentido, el presidente de Somos Melilla repitió el argumento de Robles acerca de que la mayoría de éstos últimos son personas discapacitadas o con diversidad funcional, lo cual agrava el problema.
De hecho, Azmani dudó de que en seis meses la Ciudad sea capaz de adjudicarun nuevo contrato y, aún más, sobre cuándo comenzará la reforma de la Residencia y de qué manera afectará a la nueva empresa concesionaria y a sus trabajadores, así como a los estudiantes y deportistas. Al respecto, él también preguntó si la obra se podría hacer por fases o plantas y qué ocurriría con la actual plantilla mientras se realizan esos trabajos.
Yendo más allá, el diputado de Somos Melilla se retrotrajo al año 1997, cuando se construyó la Residencia, que hoy día se encuentra en un estado de “abandono total” que no viene sólo de estos últimos cuatro años.
Por lo tanto, y para terminar, tras admitir que el consejero de Educación es “sensible” a estos problemas de los trabajadores y “consciente” de la incertidumbre de la plantilla, Azmani instó a tener preparado y adjudicado el nuevo contrato en un plazo de cinco meses –uno antes de que acabe el actual– y a que se aclare qué sucederá con la actual plantilla, tanto cuando haya una nueva empresa como durante el tiempo que dure la reforma.
En su turno de palabra, el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, remarcó, para comenzar, dos puntos, que son que todo el mundo está de acuerdo en que es necesario efectuar la reforma porque, por otro lado, “no se ha hecho absolutamente nada en cuatro años”.
Mientras llegaba la secretaria general del PSOE al salón de plenos, Conesa advirtió de que en cinco meses en el Gobierno se han encontrado “muchísimos problemas” a los que hacer frente.
Entre ellos, claro, este, pero Conesa cree que es preferible esperar a que termine el curso académico para comenzar con la reforma y solucionar los problemas de tipo administrativo mientras, durante este tiempo, se piensa con detenimiento cómo ejecutar la actuación, algo que, por otra parte, recordó a la bancada socialista y cepemista, debería haber sido preparado durante la anterior legislatura, pero “no lo estaba”.
Para completar el argumentario de Conesa, Bonnemaison insistió en “dar los pasos correctos” para lidiar con una de las “prioridades fundamentales” como son los trabajadores: aprobar la prórroga del contrato actual, primero –como se hizo en comisión– y luego vigilar que los intereses de los trabajadores no se vean perjudicados cuando se firme el nuevo.
El consejero cree que, pese a que la ley permite prorrogar por más tiempo el contrato, lo lógico es que dure solamente hasta el final de curso, salvo que hasta entonces surja alguna eventualidad que obligue a hacerlo. Además, no se negó a la posibilidad de realizar la obra por módulos, ya que, hasta su comienzo, tienen tiempo de estudiar la mejor fórmula.
De todas formas, lo que sí dijo tener claro también Bonnemaison es que hay que hacer “un trabajo enorme” porque “no se hizo nada” durante la anterior legislatura. Si se hubiera actuado, añadió, las intervenciones ahora no serían tan urgentes ni tan costosas.
En resumen, el consejero subrayó que hay dos prioridades: el empleo de la residencia para uso universitario como pieza clave para el desarrollo de la ciudad y el mantenimiento de la situación laboral de los trabajadores, aspectos ambos en los que el Gobierno local va a poner todo su empeño.
En su nuevo turno de palabra, Bussian quiso contestar a Conesa, a quien acusó de proporcionar datos no ajustados a la realidad y le recordó que, cuando PSOE y CpM llegaron al Gobierno, la residencia ya tenía más de 20 años, tiempo en el cual el edificio ya habría necesitado una rehabilitación. Rehabilitación en la que, por otra parte, dijo que la anterior Consejería ya estaba trabajando mediante un programa para edificios públicos con el que se obtuvo casi un millón del Gobierno central y al que el PP se opuso.
Por parte de CpM, también habló Dunia Almansouri para advertir al Gobierno local de que en cinco meses habían tenido “tiempo de pensar qué hacer con la residencia” e instó al Gobierno local a dejar de “recordar fantasmas pasados”, sobre todo cuando los fondos estaban aprobados desde el año pasado. “Asuma su responsabilidad y deje de lavarse las manos”, espetó a Conesa.
Cuando le volvió el turno, Robles afirmó que no les había quedado “claro” en qué había consistido la reunión que mantuvo la Ciudad con los trabajadores para encauzar su situación y como habían tranquilizado a sus familias. El diputado del PSOE cree que podría “haber pedido una disculpa pública por la incertidumbre creada” y la “alarma” que se había creado en las familias. A pesar de todo, los socialistas votaron a favor.
Volvió luego a tomar la palabra Azmani, quien dijo que no sólo en los últimos cuatro años, sino en los últimos 20, no se había hecho nada, razón por la cual la residencia se encuentra “en un estado lamentable”. Pese a todo, y como mal menor, también Somos Melilla votó a favor de la prórroga del contrato.
Azmani se refirió también a la responsabilidad de la empresa adjudicataria en la gestión y el mantemimiento de los servicios públicos, algo que debe ser controlado por la Ciudad, en esta y otras muchas áreas. En este punto, el dirigente de Somos Melilla preguntó quién va a gestionar la Residencia de Estudiantes el próximo año sin saber si va a haber o no una reforma.
Por último, Azmani aseguró que, si Melilla aspira a convertirse en una ciudad universitaria, como dice el Gobierno autonómico, necesita, al menos, dos residencias.
Finalmente, y aunque no pensaba hacerlo, intervino el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, quien comenzó por hablar del impulso universitario de Melilla con las nuevas carreras y los nuevos grados de la Universidad de Granada (UGR), como Ciencias de Datos o Inteligencia Artificial, algo que ayudará al desarrollo digital en Melilla, tecnología en la que también está trabajando el Gobierno.
En este sentido, se comprometió a que el Grado en Medicina estará en la ciudad antes de que concluya la legislatura y antes de que esté construido el Hospital Universitario.
En cuanto a la Residencia de Estudiantes, el presidente acusó a la oposición de tener “cuento” con este asunto, ya que el actual Gobierno no dispuso del proyecto hasta el lunes por su “dejadez e incompetencia”.
Imbroda anotó también que los 883.000 euros de subvención hay que utilizarlos para no perderlos, pero que “ahora se está trabajando seriamente” y que se va a intentar por todos los medios que en junio de 2024 comience la obra, que esta dure seis meses y buscar una fórmula para que los trabajadores sigan.
En última instancia, el presidente de la Ciudad recordó que existe un proyecto de nueva residencia en el antiguo cuartel de la Policía Local.
Por último, tras reiterar que la Ciudad protegerá a los trabajadores de la residencia, Imbroda reiteró el deseo de llegar a los 5.000 estudantes universitarios al término de esta legislatura desde los 2.200 actuales y después de haber partido de una cifra de 900 cuando comenzó la legislatura entre 2015 y 2019.
Seamel
El siguiente punto del pleno también fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos. Se trataba del reconocimiento extrajudicial de crédito de 97.813,62 euros a Seamel, mercantil de servicios eléctricos y audiovisuales, por el servicio de mantenimiento de los centros de transformación y el grupo electrógeno dependientes de la Ciudad Autónoma.
Comenzó Tasende por afirmar que, ante los informes al respecto, no quedaba otra que pagar la deuda y, sobre todo, evitar que se vuelvan a producir situaciones similares.
Algo similar exigió Azmani, quien preguntó por qué no se habían abonado facturas durante tres años.
Almansouri, como anterior consejera de Hacienda, explicó que el contrato era anterior al año 2019, cuando ellos llegaron al Gobierno, y que, si no se habían pagado los ejercicios 2020, 2021 y 2022, era por cuestiones técnicas y trámites administrativos, no por razones políticas.
Mientras tanto, Conesa dijo que ellos pagarían la deuda en cuanto el pleno de la Asamblea lo aprobara. En este punto, el dirigente popular arremetió contra la oposición, especialmente contra CpM, de cuyos dirigentes dijo que “tienen la susceptibilidad a flor de piel” después de “cuatro años diciendo mentiras” y unos meses los populares en el Gobierno solucionando entuertos. En ese momento, después de una discusión entre Almansouri, Conesa y la secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, en lo que fue seguramente uno de los puntos más calientes del pleno, el consejero concluyó diciendo que van a tener que “optar por no hablar de cuestiones del anterior Gobierno para que no se ofendan”.
Subvenciones extraordinarias
Hubo un último punto, también aprobado por unanimidad, en el que se acordó otorgar una subvención extraordinaria, de un total de 86.751 euros, a los grupos de la Asamblea, a razón de tres euros por voto en las elecciones autonómicas del pasado día 28 de mayo, con lo que quedó de la siguente manera: 46.920 euros para el PP, 16.770 euros para CpM, 9.618 euros para el PSOE, 8.871 euros para Vox y 4.572 euros para Somos Melilla.
