El presidente de la Comisión Islámica de Melilla (CIM), Hasan Laaboudi, asegura que la Delegación de Gobierno se ha comprometido con la entidad a revisar los casos de personas residentes en Melilla que carecen de documentación. En un charla con El Faro, Laaboudi explica también qué proyectos ha emprendido la entidad desde su llegada al cargo.
-El actual equipo directivo de la CIM llegó tras una época convulsa que incluyó una repetición de elecciones ¿Qué pasó exactamente?¿Ya se han tranquilizado las aguas en el seno de la Comisión?
-Hubo una impugnación de las elecciones y se anuló el nombramiento. Las asociaciones participantes de la CIM acordaron realizar un nuevo proceso electoral, donde se eligiera de nuevo por consenso a un nuevo presidente y a una nueva junta directiva, que es la actual. Nosotros fuimos fruto del consenso de las asociaciones que ya formaban parte y llevaban mucho tiempo sin entenderse.
-¿Cómo se encontró la CIM cuando llegó?
-Nosotros como equipo directivo hemos continuado la labor que ya se venía realizando por las asociaciones con un enfoque más de equipo y realizando una labor de consenso. Hemos empezado a trabajar con el proyecto de rehabilitación de las mezquitas a través de la subvención de Distritos. Estamos rehabilitando las 14 mezquitas.
También nos dedicamos a otros problemas de la población como es la formación de los estudiantes en situación de fracaso escolar. De ayuda mediante unos proyectos que se van a poner en marcha. Lo que pretendemos es un acercamiento a la ciudadanía de una forma clara y transparente. Dando un mensaje conciliador, trasmitir un islam en español y que lo entienda la población en general.
Hemos conseguido una junta plural y de gente muy reconocida y respetada en la ciudad y cuenta con la participación de dos mujeres.
De las subvenciones del año pasado se han dedicado gran parte para la reforma de las 14 mezquitas y labores de mantenimiento en el cementerio.
-La apertura de una oficina para informar a personas en situación irregular generó polémica y un cruce de acusaciones con la Delegación de Gobierno. ¿A qué cree que se debió este rechazo?
-Es evidente que tuvo un rechazo en un principio por parte de Delegación. No lo entendimos bien y tampoco nos han dado explicaciones del motivo de esa actuación. Nosotros hemos realizado nuestro trabajo, que ha sido conseguir un censo de la población irregular en la ciudad.
-¿El censo que cifras tiene?
-Hemos detectado que hay una población de Melilla, de larga duración, originarios de Melilla, que en todos los procesos documentales se han quedado fuera y hay familias indocumentadas. Es una herencia del pasado que no está resuelta y son ciudadanos de Melilla. Hay otro tipo de ciudadanos que llevan tiempo residiendo en la ciudad y que requieren la atención por la administración de la Delegación del Gobierno para ver si se puede solventar. Hay en total 2.000 recogidos, lo cual no quiere decir que todos sean subsidiarios de documentación, si no de que se estudien sus casos. Familias, trabajadores transfronterizos, que llevan más de tres años residiendo en la ciudad. Los que tienen arraigo en la ciudad.
Sobre todo los imanes que están pendientes de documentación y esto se le ha presentado también a la Delegación. Se hizo una solicitud y está pendiente de resolución.
-Respecto a su relación con Delegación de Gobierno, y especialmente con la delegada, Sabrina Moh ¿cómo se encuentra en estos momentos? ¿Han cerrado la reunión que reclamaban?
-Se ha realizado la reunión la semana pasada en un ambiente cordial y cálido y hay un acuerdo de la Delegación para estudiar caso por caso. Confiamos en la determinación de la Delegación y de su equipo. Esperamos ver los frutos de esta reunión. Nosotros hemos trasmitido todas las peticiones y la Delegación las está estudiando.
-La Comisión mostró su poder de convocatoria el pasado 5 de diciembre con la marcha ‘Por la legalidad: pan, trabajo y paz', que concentró a cientos de personas. ¿Sienten que sus exigencias serán llevadas a cabo? ¿No temen haber generado expectativas que luego no puedan cumplirse?
-Nosotros simplemente hemos realizado un censo de la situación de ciudadanos que están en Melilla y que merecen respuesta, no nos hemos comprometido a resolver la situación. Es una situación real, que está ahí, no lo vamos a tapar y la Administración lo debe de resolver.
-Durante la marcha anunciaron que se había puesto un equipo de abogados gratuitos, para interponer recursos a todas las expulsiones ¿Hasta el momento cuántos casos han atendido?
-No sabría decirle. La oficina la lleva la Comunidad Musulmana que aunque esté en el contexto de la Comisión Islámica de Melilla, tiene su propio equipo y no le podría decir cuántos se han asesorado en el sentido de haber recibido una expulsión y que recurrieran.
Delegación señala que hay que estudiar “caso por caso”
La pasada semana la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, mantuvo un encuentro con el presidente de la CIM y varios representantes de esta entidad, que sirvió para explicar los cauces legales que existen para que los ciudadanos extranjeros puedan documentarse, regularizando su situación.
Según fuentes de Delegación de Gobierno consultadas por El Faro, el encuentro sirvió para aclarar que la actuación de la Delegación es dar cumplimiento a la ley y que la normativa establece que se debe estudiar “caso por caso”, algo que no se puede hacer de oficio, sino que debe ser a instancia del interesado.
En ese sentido, durante la reunión se señaló que la Ley de Extranjería y su reglamento de desarrollo que se aprobó en 2011, establecen los procedimientos que existen para que las personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país, desde distintos supuestos, puedan optar a la residencia legal.
Concretamente, en lo que respecta al arraigo, se informó a los miembros de la CIM que acudieron a reunión que existen varios tipos (familiar, laboral, social…) y que el interesado debe solicitar el supuesto que mejor encaje con su situación personal. Por ello, desde la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno se asesora y explica qué documentación necesitan y, tras el pago de las tasas, se estudia expediente por expediente y se notifica la resolución al interesado. Si reúne las condiciones, la resolución es positiva y en caso contrario, cabe el recurso de reposición o el contencioso administrativo.
Encuentro “cordial”
La petición de la CIM para reunirse se materializó la última semana de enero y la reunión se llevó a cabo el 3 de febrero en las dependencias de la Delegación, en un encuentro “cordial”, que sirvió para aclarar todas las dudas expuestas por la CIM. Al encuentro, además de la delegada del Gobierno, asistieron la directora de Trabajo e Inmigración de la Delegación, Elena Nieto; el abogado del Estado, Ernesto Rodríguez; y el jefe de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía, Miguel Ángel Gordo, que fueron aclarando las dudas planteadas por la CIM.
