“Estamos muy tranquilas”. Así lo aseguraban Dunia Almansouri, consejera de Hacienda, y Gloria Rojas, vicepresidenta primera del Gobierno local y consejera de Presidencia y Administración Pública, que llegaban al juzgado a declarar por el contrato de vigilancia de Melilla. Acudían este jueves a primera hora de la mañana a declarar ante la jueza por la denuncia que interpuso el PP de Melilla por la gestión del contrato de vigilancia de seguridad de la Ciudad. El PP ve que puede haber un delito de prevaricación administrativa en cómo se ha ido gestionando el contrato y por eso envió este expediente a los juzgados. Almansouri subrayó que el relato del PP es “sesgado” y se ha actuado con este expediente de una forma “maliciosa” por parte de este partido.
Las dos miembros del Gobierno local llegaron arropadas de un gran número de compañeros de sus propios partidos. En el caso de Almansouri, estuvo respaldada por el consejero de Infraestructuras, Rachid Bussian, y la consejera del Menor y la Familia, Cecilia González, así como otros miembros de Coalición por Melilla (CpM).
En el caso de Rojas, estuvo acompañada a estos juzgados por la consejera de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal, Paqui Maeso, así como el director general de Intercultura, Rafael Robles, además de otros miembros del PSOE destacados y muy conocidos como, José Luis Estrada, que fuera director provincial de Educación.
Declaración juzgados
“Venimos hoy citadas por una más de las denuncias fantasma del PP, en esos relatos fantásticos que se han aficionado a realizar últimamente”, afirmó Almansouri. En este sentido, remarcó que ambas estaban tranquilas y acudían al juzgado sabiendo que “es un expediente normal, de tracto sucesivo, que permanece en el tiempo siempre porque estamos hablando del expediente de la seguridad privada de la Ciudad”.
La consejera de Hacienda comentó que de este contrato dependen más de 200 familias y unos 200 trabajadores y que tiene una gran complejidad.
Almansouri argumentó que explicarán a la jueza las dudas que tenga y se aclararán “los extremos que en la denuncia del PP se intenta arrojar algo de duda con un relato totalmente sesgado y han aportado parte de la documentación y otra no de una forma muy maliciosa”. Insistió en que estaban en los juzgados para aclarar cualquier cuestión que necesite la jueza.
Resolver las situaciones
La consejera de Hacienda indicó que “tiene la tranquilidad y la conciencia de que es un contrato más de la Ciudad”. Explicó que se trata de uno de los más importantes de la Administración local y se han tenido muchos problemas con él porque se ha paralizado, hubo documento falso, entre otras cuestiones, añadió. “Hemos tenido que ir resolviendo las situaciones según se iban presentando”, indicó.
Por su parte, Rojas indicó que tenía ya ganas de que llegara este día aunque no es nada agradable. “Teníamos muchas ganas porque esta es otra denuncia más del PP y solo vamos a contar la verdad. Solo hay una verdad. Y las dos tenemos la conciencia muy tranquila”, añadió.
La consejera de Presidencia y Administración Pública argumentó que este contrato de la vigilancia de seguridad de la Ciudad es “complicado” y ya lo era cuando estaba el PP al frente. Indicó que se venía arrastrando este contrato desde el anterior Gobierno. “Genera una complejidad muy grande”.
Rojas insistió en que tenían ganas de hablar con la jueza, contar todo sobre este expediente y con ganas de que terminara todo.
“Maliciosidad” del PP
Al margen de todo esto, la consejera de Hacienda insistía en la “maliciosidad” del PP. Y es que explicó que se envió al juzgado un informe desfavorable del secretario técnico que indicaba que había cuestiones administrativas que mejorar, pero luego este partido de la oposición no envió otro documento en el que el informe es favorable. Se hizo siete días después y eso no lo incorporan cuando es normal que durante el proceso del expediente de un contrato se puedan modificar y arreglar cosas, aseveró. “Todos los expedientes tienen varios informes y adjuntan uno y el otro no. Eso es una mala fe de libro en cuando a querer contaminar un proceso judicial”, añadió.
Asimismo, Rojas explicó que el PP les acusa de paralizar el expediente durante meses, cuando la Administración tuvo una paralización durante cuatro meses en el pasado año por la llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma. Indicó que no se pudo hacer en ese tiempo ningún trámite de la administración ordinaria, en concreto, desde marzo hasta junio.
Además, Almansouri indicó que cuando en el pleno del miércoles el PP hablaba de un sobrecoste, se trata de “ciencia ficción”.
¿Denuncia contra el PP?
En cuanto a si el Gobierno local va a emprender alguna acción legal contra el PP después de que éste esté judicializando un gran número de contratos, la consejera de Hacienda argumentó que “llegado el momento, nos defenderemos”. Insistió en que ahora “tenemos que esperar a que esto se archive, como ya pasó con el tema del búho taxi y ya iremos emprendiendo las acciones según vaya llegando el momento. Sin prisa pero sin pausa”.
Por otro lado, las dos consejeras agradecieron a los compañeros de sus partidos que les hubieran acompañado hasta las puertas del juzgado. Rojas indicó que incluso enviaban su agradecimiento a los compañeros de partido que no podían acudir esa mañana pero que les enviaban su respaldo. “Se lo agradecemos de corazón. Tanto los compañeros de CpM y PSOE están con nosotras. Saben que no hemos hecho nada”, remarcó.
Otros datos de los juzgados
Por otro lado, esta declaración realizada este jueves se había previsto la semana pasada, pero se aplazó. Estaba previsto por el juzgado que el pasado jueves 30 tanto la consejera de Presidencia, Gloria Rojas, como la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, acudieran al juzgado a declarar tras una denuncia presentada por el PP por el contrato de vigilancia de seguridad de la Ciudad. Pero se canceló.
Fuentes consultadas por El Faro aseguron que el tribunal decidió retrasar estas declaraciones por no contar con toda la documentación. Pero estas fuentes indicaron que los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma sí que habrían enviado todo el expediente a finales de agosto. Para el presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, se trataba de una “artimaña” para retrasar este asunto.
Más declaraciones sobre la cita con los juzgados
Rojas este miércoles, durante una rueda de prensa que dio en la sede de su partido, para anunciar que las bases han ratificado la celebración del Congreso regional los días 10, 11 y 12 de diciembre, criticó que el PP lanzara acusaciones "a la ligera".
“No entiendo cómo el señor Marín, siendo abogado, hace acusaciones, mentiras, sin decir siquiera la palabra presunto”, reprochó Rojas.
Además, acusó al expresidente Juan José Imbroda y al portavoz del PP, Miguel Marín, de decir cosas "que no son ciertas". Algo que ella no se explica en el caso de Marín por su condición de abogado.
