El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, calificó como un “cuasi golpe de Estado contra la democracia” y un “ejercicio de trilerismo” el cambio que pretende hacer el Gobierno de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto del Senado.
Imbroda, que es también senador y presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la Cámara Alta, acusó al Gobierno de “buscar un atajo, un subterfugio legal, para quitarle la voz a los representantes del Pueblo”. “Esto es lo más sagrado que hay, el Senado y el Congreso”, advirtió el presidente de la Ciudad para recordar al Gobierno central que los parlamentarios que hay en la Cámara Alta “están votados por los ciudadanos españoles”.
“Lo que no se puede es que si usted tiene un Senado con unas reglas del juego que había y que han existido siempre, usted vaya a quitarlo porque no le interesa”, explicó el máximo dirigente melillense, convencido de que “eso va contra la democracia” y “es, de alguna manera, un cuasi golpe de Estado usando subterfugios legales”.
Para Imbroda, lo ocurrido es una muestra más de que “este Gobierno es de locura”, ya que tiene 84 diputados y “se soporta encima de los separatistas, que son los que no quieren España ni el Congreso ni el Senado ni la bandera".
Apuntó que “no quieren nada y son los que lo están apoyando estos ejercicios de trilerismo de buscar un atajo, un subterfugio” con el que poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Enmiendas en leyes distintas
La decisión del PSOE de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de una enmienda introducida en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial ha recuperado una práctica, la de retocar normas a través de otras con las que no guardan relación, que ha sido habitual en el Parlamento desde hace años.
Durante los diferentes gobiernos de PSOE y PP, ambos partidos han recurrido a esta ‘triquiñuela’ procedimental, bien en el Congreso o en el Senado, lo que han considerado justificado cuando estaban en el poder y una maniobra tramposa cuando eran oposición.
La vía más frecuente empleada para ‘colar’ medidas fue la Ley de Acompañamiento, donde se recogían normas que complementaban los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
Esta especie de cajón de sastre fue creado por el Gobierno de Felipe González cuando aprobó las cuentas de 1994.
Dos décadas después, nada más llegar al Palacio de la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero decidió suprimirla para acabar con el “uso y abuso” que se había hecho de ella. En 1999, con José María Aznar en el Gobierno, el PSOE decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de ese año, cuando Josep Borrell, ahora ministro de Exteriores, era el candidato socialista a la presidencia del Ejecutivo.
Los socialistas volvieron a presentar recurso en 2000, 2001 y 2003, en todos los casos molestos porque el PP introdujera varias decenas de normas ajenas a los presupuestos, como el que una sociedad participara a la vez en televisiones estatales y locales o autonómicas. En septiembre de 2011, el TC se pronunció sobre el recurso del PSOE de 1999 y avaló que la ley paralela a los presupuestos pudiera incluir medidas de todo tipo, ya que la Constitución no impedía al legislador dictar normas multisectoriales o con un contenido heterogéneo.
Habla el Constitucional
Sin embargo, dos meses antes, el Constitucional también resolvió un recurso impulsado por los socialistas en 2003 por la decisión del PP de reformar el Código Penal para castigar la convocatoria ilegal de referendos, en pleno debate sobre el plan soberanista del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe. Los populares introdujeron este castigo a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje.
En su dictamen, el TC dio la razón al PSOE y anuló la medida del Gobierno de Aznar por entender que no había conexión con el proyecto enmendado.
Es ahora el PP el que se apoya en aquella resolución para quejarse de la argucia socialista para sacar adelante la Ley de Estabilidad con el fin de intentar aprobar los presupuestos de forma rápida. Mientras, los de Pedro Sánchez replican que entre 2011 y 2016, con Mariano Rajoy en el poder, el grupo popular promovió una veintena de enmiendas que no casaban con las leyes en las que pretendía añadirlas.
