Los quince refugiados sirios del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que hace una semana iniciaron una huelga de hambre en protesta por la falta de información sobre su salida hacia la península decidieron ayer poner fin a esta situación.
El peligro que su salud corría desde que tomaron esa decisión desesperada los empujó a bajar los brazos y a aceptar volver a ingerir alimentos.
Sin embargo, El Faro ha podido conversar con algunos de ellos, quienes afirmaron que se plantearían retomar la huelga de hambre si la Delegación del Gobierno no responde a sus demandas.
Estas pretensiones consisten en que se les facilite una salida hacia la península para desde allí desplazarse a Alemania, país donde los quince huelguistas tienen familiares, según afirman.
Ninguno de ellos tiene la intención de solicitar asilo político en España porque temen que, una vez dado este paso, las autoridades teutonas les denieguen la entrada a su país en virtud del Tratado de Dublín, norma que establece que un refugiado debe permanecer en el primer Estado miembro de la UE al que llega.
El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, tildó de “chantaje” la huelga de hambre emprendida por estas personas y les recomendó que pidan asilo en España, justo lo que ellos no quieren realizar por las razones ya expuestas.
El Barkani, en cambio, asegura que la petición de asilo en nuestro país no es impedimento para que posteriormente puedan desplazarse a Alemania pues, una vez se les conceda la reunificación familiar, podrán viajar hasta allí y reunirse con los suyos.
El problema de la demora de las salidas del CETI hacia la península no es algo que sólo ataña al Gobierno español, sino también a los demás países que integran la UE. La falta de claridad en las normas europeas es lo que provoca que los refugiados no sepan qué decisión tomar para alcanzar el país que se han marcado como final de su periplo.
En muchas ocasiones, el propio delegado del Gobierno en nuestra ciudad ha afirmado que la cuestión de los refugiados es un asunto que afecta a toda la UE y que sus Estados miembros han de hablar “el mismo idioma” en este asunto.
Una normativa europea clara será la única forma de empezar a solucionar el problema de los refugiados, una obligación que corresponde a toda la UE.