La investigación que llevan a cabo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Melilla sumó ayer un nuevo capítulo, que tendrá su continuación hoy con la declaración ante el juez de los nuevos detenidos e imputados junto a otros arrestados y sospechosos que ya han pasado por ese mismo trance en anteriores ocasiones.
Desde aquella mañana de septiembre de 2013 en la que agentes de la Benemérita entraron en el Palacio de la Asamblea, cada cierto tiempo nos despertamos con la noticia de que los agentes de la UCO están de vuelta en Melilla para practicar nuevos arrestos, interrogatorios, registros o peticiones de documentación. Ha transcurrido ya casi un año y medio desde aquellas escenas en la Plaza de España, pero entonces la investigación ya llevaba tiempo en marcha. Los agentes venían analizando el proceso de contratación de la Ciudad desde 2009. Si tomamos aquel año como referencia, veremos que ha transcurrido más de un lustro desde las sospechas levantadas por aquella declaración de un pequeño empresario, Abdelkader Kassem. En ese tiempo, la investigación de los agentes de la UCO sólo ha dado lugar a un largo desfile de sospechosos, primero por la Comandancia de la Guardia Civil y luego por el despacho del juez instructor. Se han impuesto duras medidas cautelares, se ha fijado la prisión preventiva para alguno de los imputados y finalmente todos los que han precedido a Gregorio Castillo, Carolina Gorgé y Gerardo Díaz García han quedado en libertad, la mayoría con cargos. Ellos tres son los tres últimos detenidos cuya identidad se ha dado a conocer. El primero es el director general de Seguridad Ciudadana en Melilla, la segunda es gerente de Promesa y el último es el director gerente del Canal Gestión Lanzarote (empresa filial del Canal de Isabel II). Sin duda, los agentes que investigan los hechos considerarán que tienen suficientes argumentos para justificar ante el juez estas tres nuevas detenciones, pero también va llegando el momento de que empiecen a precisar cuáles son los resultados de una investigación que ya se prolonga más de cinco años. Deben comenzar ya a concretar la consistencia de los indicios, pruebas y testimonios recabados durante todo este tiempo. Tienen que determinar sobre qué imputados han podido recabar pruebas que vayan más allá de la sospecha y que tengan alguna posibilidad de servir para condenarlos cuando por fin se celebre el juicio. También tienen derecho a que se disipe sobre ellos cualquier halo de duda aquellos ciudadanos que en su momento acudieron a declarar ante el juez y sus explicaciones no han quedado en entredicho por suficientes pruebas incriminatorias en su contra.
La ‘Operación Ópera’ no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo ocasionando víctimas colaterales a su paso o generando impunidad porque cuando llegue el momento del juicio los presuntos delitos ya hayan prescrito.
No habrá Justicia si ésta llega tarde para los inocentes y es demasiado lenta para atrapar a los culpables.
