Más de 3.600 marroquíes se marchan voluntariamente de Ceuta hacia su país desde junio

Un total de 3.683 inmigrantes marroquíes de los que entraron en Ceuta los días 17 y 18 de mayo en las avalanchas fronterizas por el Tarajal, han regresado ya de forma voluntaria a su país desde el mes de junio.

Según los datos facilitados a Efe por la Delegación del Gobierno, desde el 7 de junio se ha registrado este retorno voluntario de inmigrantes que permanecían en Ceuta y que han optado por volver a Marruecos.

Asimismo, en este periodo de tiempo se ha registrado la devolución de otros 327 inmigrantes por diferentes motivos a través del paso fronterizo.

Los datos se han facilitado justo cuando está a punto de cumplirse seis meses de la entrada masiva que también ha causado que se hayan registrado hasta 2.500 solicitudes de asilo por parte de inmigrantes marroquíes.

De estas peticiones un total de 33 solicitudes de asilo se corresponde con menores de edad, según las fuentes gubernativas.

Por otro lado, de las 2.000 solicitudes se ha producido ya la salida de Ceuta de 1.968 marroquíes en dirección a la península ya que la admisión a trámite de estas solicitudes de asilo lleva aparejado el derecho a poder moverse libremente por el territorio nacional hasta que se resuelva dicha solicitud.

La mayoría de los menores marroquíes no quiere volver

La oenegé Save the Children ha emitido un informe sobre los menores que llegaron a Ceuta cuando justo este miércoles se cumple medio año de la denominada crisis migratoria. La entidad ha hecho hasta 617 entrevistas a los menores marroquíes que están dentro del sistema de protección. Dice que un 98,6% no quiere regresar a Marruecos y que el 75% de esos niños entrevistados procede de pueblos y localidades fronterizas como Castillejos, Rincón o Tetuán. Muchos son hijos de porteadores o de trabajadores transfronterizos, recoge la entidad en su informe.

“Los derechos y el bienestar de la infancia migrante deben ser prioritarios y después de 6 meses urgen soluciones duraderas para estos niños y niñas”, advierte Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.

En base a las entrevistas realizadas, y remitidas al Área de menores de Ceuta, la organización ha podido concluir que uno de cada tres entrevistados (33,40%) ha sufrido violencia física, abusos y malos tratos en origen y que más de un 23% sería susceptible de recibir protección internacional por haber sido víctima de trata o explotación laboral, entre otros motivos.

Save the Children señala también que, a raíz de las repatriaciones realizadas por la Delegación del Gobierno el pasado mes de agosto, se ha generado una gran desconfianza entre los niños, lo que ha provocado por parte de algunos el abandono de los centros de acogida, donde actualmente continúan 425 niños.

“Es necesario que existan protocolos homogéneos a nivel estatal para la evaluación y determinación del interés superior antes de adoptar cualquier decisión acerca de estos niños y niñas. Y son necesarios también recursos especializados tanto en Ceuta como en la Península para responder a sus necesidades”, concluye Perazzo. “Estos mismos recursos deben ser asegurados en el caso se valore su retorno a Marruecos”.

Soluciones para los menores marroquíes

La organización insiste en la importancia de agilizar los trámites administrativos, en particular a raíz de la reciente aprobación y entrada en vigor de las modificaciones al Reglamento de Extranjería y el nuevo plazo reducido para tramitar los permisos de residencia de niños y niñas. Y señala también la necesidad de asegurar la derivación de niños y niñas a recursos de acogida en condiciones adecuadas y que todos los centros dispongan de profesionales especializados.

Además, es importante que se analicen las necesidades identificadas en la infancia para proporcionar respuestas que prevean la ampliación de canales seguros de migración dirigidos a la adolescencia y juventud marroquí para que puedan formarse y desarrollar su empleabilidad. También son necesarios acuerdos bilaterales para el acceso a derechos de la infancia que depende de trabajadores trasfronterizos o visados específicos para niños y niñas que huyen de situaciones de persecución o violencia.